Griñán, sobre los ERE: «No hubo un gran plan, pero sí un gran fraude»

El ex presidente andaluz niega ante el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro haber tenido conocimiento de los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía que advertían de las irregularidades en los ERE fraudulentos.

«No hubo un gran plan –para defraudar–, pero sí hubo un gran fraude, y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar»; la Consejería de Economía y Hacienda no tiene competencias sobre la «fiscalización» del gasto de otros departamentos, y, en este caso concreto, de la Consejería de Empleo respecto a las subvenciones y ayudas sociolaborales a empresas y trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, por lo que la de Hacienda no puede ser responsable si la gestión, control y ejecución de esas partidas de fondos públicos no ha sido la correcta, y que el problema estaría, precisamente, en lo que se refiere a la ejecución de ese gasto; nunca recibió informe alguno de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) donde se advirtiese de que el sistema empleado para la concesión de esas ayudas era ilegal, y que, en todo caso, lo que apreció la IGJA fue una discrepancia contable y propuestas de mejorar el control de esa partidas. Éstos fueron algunos de los aspectos más relevantes de la declaración que, durante casi cuatro horas, prestó ayer en el Tribunal Supremo el ex consejero de Hacienda y ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, instructor de la causa relacionada con el presunto fraude los ERE.

Al salir de su declaración, Griñán se mostró «satisfecho» con haber podido dar su versión de los hechos y rebatir las acusaciones vertidas contra él por la jueza de Sevilla Mercedes Alaya, aunque, añadió, «el daño ya está hecho, lo lamento mucho, esto ha sido una situación mala para mí y para mi familia, creo que ha sido un calvario», ha señalado. Cuando se le preguntó sobre si el instructor archivará esta causa, Griñán respondió diciendo que cree «en la Justicia», a la vez que señaló que ya asumió su responsabildad política cuando dimitió como presidente de la Junta, para no perjudicar ni al PSOE ni a la propia Junta de Andalucía.

Ayudas aleatorias y sin control

Griñán no tuvo reparos en admitir ante el juez que todo lo que ha ocurrido con el ERE, donde se han concedido ayudas de forma «aleatoria y sin control», ha sido una «barbaridad» que merece una responsabilidad política e incluso penal. Sin embargo, reiteró en su declaración que la actuación de la Consejería de Hacienda fue en todo momento «irreprochable» y ajustada siempre a la Ley. De hecho, destacó que una vez que tienen conocimiento de todas las irregularidades es la propia Junta de Andalucía la que persona en la causa que instruye Alaya y denuncia aquellos hechos que han podido ser delictivos.

En su comparecencia ante el instructor del procedimiento, insistió en que la Consejería de Empleo –al frente de la cual se encontraba Antonio Fernández en los años en que Griñán estaba al frente de la de Economía y Hacienda– era la que establecía el sistema que se debía seguir para la concesión de esas ayudas. En ese apartado, destacó Griñán, Hacienda no tenía ninguna responsabilidad, porque, tal como señaló a su salida del Supremo, la consejería que él dirigía no es un órgano de fiscalización, «sino en todo caso de presupuestación y al mismo tiempo de recaudación, pero nunca de fiscalización de otros departamentos». De esta forma, afirmó, la Consejería de Hacienda actuó en todo momento «conforme a la Ley».

En cuanto a los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía en los que se advertía de irregularidades en el sistema empleado en la concesión de esas ayudas, aseguró que a su mesa de trabajo no llegó ninguno que advirtiese de que el mismo era ilegal, y ello con independencia de la utilización que de esas partidas se estaba realizando por parte de Empleo. La IGJA, aseguró Griñán, no habló en ningún momento de ilegalidad, sino de la necesidad de mejorar el sistema de control en la concesión de esas subvenciones y ayudas. Así, citó el informe de la Inspección del año 2006, donde lo que se detecta es un incumplimiento normativo «en la fase de ejecución del gasto», pero sin aludir en ningún momento a ilegalidad alguna.

En la hipótesis de haber detectado alguna ilegalidad, añadió, la IGJA debería haber elevado algún informe de actuación, lo que no ocurrió en ningún momento.

No puede ser responsable

Por ello, incidió en que la «presupuestación», que sí realizaba su consejería, se realizó de forma correcta en todo momento, y que las dudas podían estar en el «modelo de ejecución del gasto», algo que, reseñó en varias ocasiones, correspondía al departamento que tenía asignado el gasto, y que, en el caso concreto de las ayudas a empresas en crisis o trabajadores afectados por los ERE, correspondería a la Consejería de Empleo: «Nunca a otro departamento y nunca a la Presidencia de la Junta», afirmó al respecto, motivo por el que desconocía los «desajustes» que se hubiesen podido producir. Por ello, aseguró al respecto, el consejero de Hacienda no puede ser responsable de cómo se gestiona el gasto en otro departamento, «en esta caso, Empleo».

En todo caso, señaló que durante los años en que estuvo al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, el control financiero se vio «incrementado», tal y como se recoge en la propia memoria de la Intervención General que, año tras año, intentó elevar ese control con medidas concretas, «mejorando el control financiero e instruyendo a la intervención».

En relación con el Convenio Marco de 2001, donde se modifica el sistema para la concesión de esas ayudas, apuntó nuevamente a la Consejería de Empleo, ya que la que él presidía no tenía competencia para elaborar ese tipo de normas. Además, destacó que ese convenio no libraba de la necesidad de una fiscalización previa a otorgar esas ayudas, algo que debería haber realizado Empleo. También afirmó desconocer si existía algún tipo de informe jurídico sobre ese convenio.