Hacienda denuncia a Trillo por el cobro de 354.560 euros de una constructora

El embajador en Londres asegura que declaró los trabajos para la empresa de obra pública.

El embajador de España en Londres, Federico Trillo, admitió ayer que cobró de una constructora especializada en obra pública mientras era diputado, aunque recalcó que cumplió con todos los requisitos legales y sus obligaciones fiscales y que lo hizo como asesor en su reestructuración.

Según una información publicada en el diario «El País», la Agencia Tributaria no habría encontrado ningún informe que justifique el dinero cobrado: Trillo recibió 354.560 euros en casi tres años a través de sus despachos de asesoría. La empresa pagadora, según este diario, es Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León.

El embajador en Londres envió a Efe un comunicado en el que aclara la relación de su despacho profesional, Estudio Jurídico Labor, con la empresa Collosa y afirma que se reserva cuantas acciones legales estén a su alcance para defender su honor y su actividad profesional, así como las de su despacho y su familia. En el comunicado, Trillo destaca que esa relación «había sido filtrada» al periódico por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción, y considera «tan sorprendente como inadmisible que se utilicen de forma manipulada y sesgada datos tributarios de los contribuyentes». En ese sentido, recuerda el deber de las administraciones públicas de guardar el secreto de los datos de los contribuyentes, cuya infracción está tipificada como delito en el Código Penal y tiene penas de prisión de uno a cuatro años y de dos a cinco años «a quienes las difundieren, revelen o cedan a terceros».

Trillo asegura que Labor firmó un contrato con Collosa –del que informó al Congreso en su declaración de bienes– para asesorar a la constructora en el proceso de su reestructuración, en sus estrategias de mercado fuera del ámbito de Castilla León, tanto en España como en mercados extranjeros, así como en el estudio jurídico de la mejor estructura como empresa familiar. Subraya que tanto el contrato con Collosa como las correspondientes liquidaciones del IVA y del Impuesto de Sociedades cumplen con todos los requisitos legales, «lo que significa –añade– que Hacienda no ha descubierto nada de lo que ya no estuviera puntual y continuadamente informada». El embajador en Londres recalca además que Labor «nunca ha sido requerido de inspección ni de información alguna por parte de la Agencia Tributaria ni los inspectores de Hacienda». Destaca que Labor «en ningún momento» intervino ni fue requerido para intervenir en ningún tipo de concesión o autorización de ninguna administración, «ni tuvo ni ha tenido nunca ningún tipo de asesoramiento o relación con centrales eólicas ni energías renovables».

El contrato con la empresa de Trillo se firmó el 10 de febrero de 2006, cuando éste era diputado en la oposición. En él, Collosa se compromete a pagar a Estudio Jurídico Labor 9.000 euros al mes. Trillo tiene el 70% de las acciones de Estudio Jurídico Labor y dos de sus hijos, el 30% restante. El contrato fue prorrogado «de forma tácita» en 2007 y 2008.

Según informa «El País», el contrato recoge como objeto el «asesoramiento general y jurídico de la empresa», que incluye «el asesoramiento jurídico en los ámbitos: administrativo, constitucional, penal, civil y mercantil», «los estudios y estrategias de mercados o sectores, así como alianzas o uniones empresariales, diversificación y mejora en la organización» y «las posibilidades de inversiones exteriores de la empresa».