Hacienda pide a la Interventora las subvenciones a AMI, ANC, Ómnium y los pagos a Oriol Soler y las empresas de Roures

Se piden datos de pagos realizados por la administración catalana a entidades soberanistas como AMI, ANC y Ómnium, así como a sus presidentes de manera directa. También a Oriol Soler y a las empresas de Jaume Roures.

El secretario de Estado de Hacienda ha realizado varios requerimientos a la interventora de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal Planellas, en los que pide los datos de infinidad de pagos realizados por la administración catalana entre los que se encuentran las subvenciones a entidades soberanistas como AMI, ANC y Ómnium, así como a sus presidentes de manera directa.

También se piden los pagos realizados a Oriol Soler, a las empresas de Jaume Roures y otras como Agrolimen, las tecnológicas como TSystems, IBM, DXC Technology y los expedientes de pago para todos los estudios y conferencias relacionados con el indepentendismo.

Así consta en los requerimientos, a los que ha tenido acceso Europa Press, que envió el Secretario de Estado de Hacienda con fechas de 6 de febrero, 15 febrero, 21 de febrero y 5 de marzo a la Interventora de la Generalitat y cuyas respuestas ha remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. El titular de este Juzgado, Juan Antonio Ramírez Sunyer remitió ayer mismo la información, incorporada en un lápiz de memoria, a la policía judicial para su estudio.

El pasado 15 de febrero, Hacienda solicitó a Rosa Vidal que le remitiera, entre otras cosas, las subvenciones y ayudas dadas por la Administración catalana durante los años 2015, 2016 y 2017 a la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI); ANC, Omnium y a los presidentes de estas tres organizaciones independentistas, Neus Lloveras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

También incluye en la lista a Antoni Carner, L'Ens de Comunicación Associativa, Rinica Cataluña, Assemblea.cat, El país que volem, Alicia Cassals, La Roda Fundación, lluis Calades, Parlament Ciutadá, Procés Constituent, Sobrinaia I Justicia, Sumate y Convención Constitucional Catalana.

Una petición que el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro se vio obligado a reiterar en otro requerimiento posterior, ya que Rosa Vidal alegó que no tenía competencias para recabar información correspondiente a las subvenciones y ayudas que se hubieran podido otorgar por parte de las 159 entidades del sector público catalán.

Sin embargo, el secretario de Estado la recuerda que una Orden del 20 de noviembre de 2015 habilita a la Interventora para obtener los datos que la están pidiendo --desde créditos autorizados y a pagos efectuados-- "para el conjunto de entidades dependientes de la Generalitat".

A todas estas peticiones se suma la que realiza Hacienda para saber la información completa de 10 expedientes de gasto con relación a la empresa Focus Media por valor de 2.183.039 euros.

El Secretario de Estado pregunta además por los gastos del Diplocat para trasladar y alojar a dos grupos de expertos, uno encabezado por Helena Catt, directora Ejecutiva de la Comisión Electoral de Nueva Zelanda y otro, por el exembajador holandés Daan Everts.

Hacienda reclama también otra información que fue pedida en el requerimiento anterior, de 8 de febrero y que no fue aportada. De hecho, advierte en este punto de la "posible exigencia de las responsabilidades de todo orden a que haya lugar"si no se aporta.

Esta información se refiere a tres expedientes de contratación de la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural y a más documentos sobre la campaña Civisme de publicidad --que al final fue para promocionar el 1-O--, con especial interés en que se identifique a la empresas que la diseño. Hacienda pide todos los expedientes relacionados con esa factura y también con la factura por la emisión de la Campaña institucional de septiembre de 2017 en los medios públicos catalanes y en la que consta como cliente el Departamento de Presidencia.

En el último de los requerimientos de información, el del pasado 5 de marzo, Enrique Fernández Moya pide a la interventora todos los pagos efectuados por cualquier concepto a Oriol Soler Castanys, conocido como uno de los cerebros del procés, viajó a Londres el pasado 9 de noviembre a entrevistarse con Julian Assange.

También reclama la totalidad de los pagos, así como subvenciones a numerosas empresas de Roures, entre las que están Mediapro Producción, Mediapró Márketing, Telecomunicaciones, Pro Cloud, Dynamic, Contenidos o Mediaproduccion.

Junto con ello, pide los pagos a la empresa Agrolimen, el diario Ara y varias personas relacionadas con éste como Antoni Bassas, Toni Soler, Albert Om o Xavier Bosch; Batabat, Ara Libres, la Editorial Alpha, Trotemi, Democratizing the Future Society y otras 21 empresas más.

El interés de Hacienda también se ha centrado en los trabajos teóricos que se hicieron para el procés y para ello pide detallar todos los pagos efectuados por cada una de las becas, artículos y capítulos de libros reseñados en el requerimiento y que suman un total de 55. Entre ellos hay becas a Canadá por 11.955 euros; Dinamarca, por 16.791; Filandia, por 16.845 euros; Kazajastán, por 6.313 euros o Suiza, por 5.830.

También se relacionan proyectos sobre: los efectos de la independencia y una comparativa con Escocia, por 36.000 euros o el "Autogobierno y contratación pública", por 32.000 euros. Junto a ello, se reclaman los pagos por cada uno de los once capítulos de la Revista Catalana de Derecho Público que se mencionan, así como la identificación de los funcionarios, empleados público o autoridades responsables de dichas actuaciones.

PAGOS A LAS TECNOLÓGICAS.

El Ministerio pide saber además, los pagos efectuados por cualquier concepto desde la Generalitat, el CTTI o el Cesicat a T-Systems ITC Iberia; IBM Global Services; International Business Machines y DXC Tecnhology Spain.

Y tampoco se olvidan de las cuentas anuales del Diplocat de 2016, que están sin aprobar, por lo que Hacienda requiere las circunstancias por las que estas cuentas se encuentran en esa situación así como el órgano o personas que llevaron a cabo la auditoría. A ello añaden, los pagos o devoluciones que se hicieron por parte del Diplocat a la entidad Wim Kok Refund.

En el requerimiento del 21 de febrero, Hacienda reclama una memoria justificativa que explique por qué se modificó el presupuesto catalán el 29 de agosto de 2017 con 3,43 millones de euros desde el Fondo de Contingencia a otra partida presupuestaria.

Por otro lado, el secretario de Estado de Hacienda insta a la interventora a que aporte los expedientes de gasto de varias campañas de publicidad institucional dentro del expediente de gasto por 7,89 millones de euros. Entre ellas, está una por valor de 158.344 euros para el registro de catalanes en el exterior y el certificado de prestación final firmado por el director general de Atención Ciudadana y Difusión de la Generalitat, Ignasi Genovés, y el exconsejero de Presidencia Jordi Turull.

En este mismo requerimiento el secretario de Estado de Hacienda exige a la interventora de la Comunidad información adicional sobre determinadas becas concedidas por la Generalitat, como la que recayó en el equipo dirigido por el catedrático de Economía de Empresa de la Universidad de Barcelona Antoni Castells. Este experto recibió 60.000 euros para investigar en 24 meses las consecuencias en el contexto europeo de las relaciones Cataluña-España "desde diferentes escenarios politico-constitucionales".

Otra beca, de 6 meses por importe de 8.680 euros, se concedió al profesor de departamento de Ciencias Jurídicas de la Universitat de la Sapienza de Roma para la realización de un trabajo sobre el orden constitucional y los referéndum independentistas bajo el epígrafe "el caso de Cataluña a través del derecho comparado.