Doctrina Parot

«Hay que acabar con la impunidad para los verdugos»

Representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo, ayer, en la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo, ayer, en la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanoslarazon

Coincidieron en la entrada y en la sala de la vista con los representantes de Bildu, pero no cruzaron ni una sola palabra, sólo miradas de reojo e ignorancia mutua. María del Mar Blanco, Ángeles Pedraza y Daniel Portero, presidentes de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia, respectivamente, entregaron al Tribunal 10.000 firmas recogidas «en apenas 48 horas» contra la derogación de la «doctrina Parot». Antes de la vista, María del Mar Blanco expresó su confianza en que el TEDH revoque el fallo apelado e imparta «Justicia, como lo hicieron el Supremo y el Constitucional». Una decisión del TEDH en ese sentido supondría «justicia para las víctimas del terrorismo, una justicia más justa (para que no se adelanten las excarcelaciones) y no impunidad para los verdugos».

Angeles Pedraza, por su parte, expresó su confianza en que las víctimas puedan tener un auténtico reconocimiento «de los Derechos Humanos» y que no se anule una doctrina que ha sido «la única que ha aportado justicia» a este colectivo. Al finalizar la vista, elogió el «brillante» informe de los abogados del Estado y aseguró que ahora está más convencida de que el TEDH fallará a favor del Gobierno. También aprovechó para criticar la defensa designada para la etarra Inés del Río: «No había que ir a Inglaterra», dijo, para realizar ese tipo de alegatos. Daniel Portero destacó que no sólo representan en este caso a las víctimas del terrorismo, sino también a las que han sido objeto de violación y otros crímenes cometidos por quienes pueden beneficiarse de una hipotética anulación de la doctrina sometida al examen del TEDH. Destacó que lo único que piden al Tribunal, «con total transparencia y sin amenazas de ningún tipo», es que no se inmiscuya en lo que afecta a la ejecución de una condena, al ser una cuestión que afecta exclusivamente, en este caso, a España.