La multirreincidencia se ha convertido en una grieta legal por donde se cuelan cada día cientos de delitos leves que quedan prácticamente impunes. Hurtos y estafas menores que, sumados, generan un clima de inseguridad creciente en comercios, transporte público y zonas turísticas. El ciudadano lo percibe, lo sufre, pero el sistema apenas responde. Eso ha provocado que existan organizaciones criminales profesionales del hurto y que se burlen de nuestras leyes.

Desde 2015, la intención de castigar con mayor dureza a quienes reinciden en delitos contra el patrimonio ha chocado una y otra vez con una legislación desfasada y sentencias del Tribunal Supremo que tumban cualquier intento de frenar esta escalada. El resultado: delincuentes multirreincidentes campando a sus anchas con la sensación de que la ley juega a su favor.

Durante 2024, el Congreso reaccionó: dos proposiciones de ley -una impulsada por el Grupo Parlamentario Popular- fueron tomadas en consideración para reformar el Código Penal y convertir la multirreincidencia en un agravante real y efectivo. La propuesta popular fue respaldada de forma masiva por 302 diputados… pero desde entonces está paralizada por prórrogas interminables del plazo de enmiendas, sin justificación real.

Mientras tanto, Barcelona se ha convertido en el espejo del problema. En diciembre de 2024, el Gobierno y la Generalitat anunció a bombo y platillo un plan de choque contra la multirreincidencia: más juzgados, más medios, más agilidad. Pero a día de hoy, ni rastro de los cuatro nuevos juzgados prometidos. Se han limitado a nombrar cuatro jueces de refuerzo, una medida simbólica y claramente insuficiente. Y es que más de 5.000 delincuentes multirreincidentes en Cataluña siguen libres.

Ante esta parálisis, el PP ha registrado una Proposición no de Ley exigiendo en el Congreso de los Diputados tres medidas urgentes: Que el Gobierno cumpla su propio plan y deje de mirar hacia otro lado, que se creen ya los juzgados comprometidos para frenar la impunidad y que se desbloquee la reforma del Código Penal, porque la delincuencia no espera.

La ciudadanía lleva demasiado tiempo pagando las consecuencias de un sistema legal que no está preparado para frenar a quienes reinciden sin miedo a represalias. Ya no basta con buenas intenciones: hacen falta decisiones, acción y voluntad política real.