Independencia política vs dependencia económica

Las dos terceras partes de la deuda de Cataluña están en manos del Estado: 50.000 millones. El soberanismo ha asfixiado la economía.

Los empresarios catalanes han vuelto a manifestar la necesidad de acabar de una vez por todas con la amenaza del proceso secesionista de Cataluña. Saben que su solución pasa por un acercamiento político entre las partes –la Generalitat y el Gobierno central– que termine encontrando el encaje de Cataluña en España por la vía del entendimiento. Y lo saben porque desde que se iniciara el movimiento separatista con Artur Mas el deterioro de la economía regional ha sido flagrante. Y eso a pesar de que en los dos últimos años la economía catalana ha crecido por encima incluso de la media nacional. Pero porque está con la respiración asistida que le proporciona el Estado a través de la financiación. Sin la posibilidad de encontrar dinero a un coste razonable Cataluña habría quebrado hace ya unos cuantos ejercicios. El último dato recogido por el Banco de España en su informa «La evolución de la deuda pública en España en 2016» habla por sí solo. A cierre del pasado ejercicio, el endeudamiento de Cataluña con el Estado equivale al 66,6% de su deuda total. Dos tercios de los 75.098 millones de euros que debe Cataluña.

El dato no dejaría de ser más que un número aislado, sin mayor relevancia, si no fuera porque en 2012 el Estado tenía apenas el 17% de la deuda catalana. Dos años después, la dependencia casi se multiplicó por tres (49%). Ahora es una carga que la Generalitat está incapacitada para asumir por sí misma, entre otras cosas porque no tiene acceso a los mercados de capitales, los que, en definitiva y libremente, deciden a quién prestan el dinero. Y eso siempre se ha hecho sobre la base de que se pueda devolver. Y esa confianza no la da Cataluña.

A medida que ha intentado avanzar el proceso soberanista la economía catalana se ha ido alejando de las normas que rigen los mercados. El resultado final puede parecer un trabalenguas, pero resume a la perfección la situación que vive la comunidad autónoma que preside Puigdemont: cuanto más numerosos han sido los intentos de independencia la economía catalana más ha pasado a depender más del Estado español.

Es más que probable que Puigdemont haya interiorizado aquello de que «mientras haya quien te dé cuerpo no lo pases mal». Porque si no es difícil de entender que la deuda de Cataluña haya pasado de 15.776 millones de euros en 2007 (el 7,80% del PIB regional) a 75.098 millones de euros a cierre de 2016, el 35,40% de la riqueza anual de la región, cuando la media de las comunidades españolas está en el 24%, aunque algunas, como Madrid, no llegan siquiera al 15%.

La política económica de Cataluña, si es que la ha habido, ha consistido en trasladar su problema al Estado, desoyendo las directrices que emanan de Bruselas y de los Presupuestos Generales del Estado. Los déficits anuales han estado casi siempre entre los cinco primeros de las autonomías, si no encabezando el ranking, como ocurrió en 2015. Y ya se sabe, los desequilibrios de un ejercicio se contabilizan como deuda el 1 de enero del año siguiente. Un año, y otro y...

El proceso soberanista ha espantado la inversión extranjera, que busca rentabilidad, sin duda, pero para eso necesita de una estabilidad que Puigdemont y su equipo han sido y son incapaces de dar. No se puede vivir permanente enganchado a la respiración financiera asistida.