Independentistas colocarán urnas el 25-M para votar sobre el referéndum

La CUP desoirá la prohibición de la Junta Electoral Central y mantienen la convocatoria del «Multireferèndum». El Supremo decidirá antes del sábado si lo considera ilegal

Los promotores del «Multireferèndum» catalán convocado para el 25-M con el objeto consultar a la ciudadanía diversas cuestiones de interés, entre ellas una directamente relacionada con el llamado «derecho a decidir», han mostrado su decisión de seguir adelante con la iniciativa y sacar a la calle las urnas el próximo domingo a pesar de que la Junta Electoral Central (JEC) prohibió explícitamente el pasado 20 de mayo que esta votación se celebrara. «Vamos a hacer la convocatoria igualmente», dijo Gerard Batalla, portavoz de «Som lo que Sembrem» uno de los colectivos impulsores. «Agotaremos todas las vías jurídicas», subrayó.

El «Multirreferèndum» se presenta a sí mismo como una iniciativa promovida por diversas asociaciones cívicas y vecinales, todas ellas con fuerte implantanción en Cataluña y receptoras en muchos casos de subvenciones de distintas administraciones catalanas, que pretende hacer «un llamamiento a la participación ciudadana para que exprese voluntades directas y no relacionadas con la elección de cargos electos». Entre los principales promotores aparecen la Candidatura d'Unitat Popular (CUP, organización política asamblearia, de izquierda e independentista que cuenta con 3 diputados en el Parlamento catalán y con 101 concejales en toda Cataluña), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Ada Colau, Som lo Sembrem, Plataforma Aturem Barcelona World, Xarxa per la sobirania energètica y otras.

Esta consulta consta de 5 preguntas, 4 de ellas comunes a todo el territorio catalán y la última propia de cada una de las provincias en las que se montarán las urnas. En concreto la cuarta de las preguntas comunes es la que más suspicacias ha generado ya que está relacionada con un problema que centra en estos momentos el debate político en Cataluña, el llamado «derecho a decidir». La pregunta reza así: «¿Desea que el grupo promotor de una iniciativa legislativa popular pueda someter su propuesta a referéndum vinculante?» Se da la circunstancia de que esta figura jurídica, la Iniciativa Legislativa Popular, es una de las vías que baraja el nacionalismo catalán para lograr que las instituciones catalanas puedan realizar consultas legales sobre la independencia.

La Junta Electoral Central hizo pública el pasado 20 de mayo la prohibición de que se llevara a cabo esta consulta al considerar que puede «ejercer influencia en los electores» de los comicios al Parlamento Europeo, lo cual queda patente por el hecho de que PP, PSOE, UPyD, Vox y Cilus (Ciudadanos Libres Unidos) se hayan opuesto a que se celebre el acto. La JEC considera que algunas de las preguntas que se presentarán a los ciudadanos tienen una «indudable naturaleza política» y que «montar urnas» a pocos cientos de metros de los colegios electorales referentes a la deuda de la Generalitat y las Iniciativas Legislativas Populares puede condicionar a los electores y afectar al principio de reflexión y regularidad. Por ello la JEC afirmaba que «las entidades convocantes deberán abstenerse de realizar los días de reflexión y votación de las elecciones al Parlamento Europeo las actividades objeto de esa consulta». Asimismo, «la Junta Electoral, dentro del ámbito de sus competencias, no tiene nada que objetar» a que esta iniciativa se celebre a partir del lunes, cuando no haya posibilidad de que interfiera con las europeas». Otro de los puntos que señalaba la JEC para prohibir el «Multireferèndum» es que una de las asociaciones convocantes es una fuerza política como la CUP que, aunque no se presente a las europeas, no puede realizar actos de propaganda electoral.

Ni la prohibición ni nos argumentos parecen haber hecho mella en la determinación de los promotores de la iniciativa, que ya han mostrado su intención de recurrir la decisión ante Tribunal Supremo. En un comunicado posterior a la decisión de la JEC, los impulsores de la iniciativa afirman que «no se pretende en ningún caso influir en el sentido del voto de los electores, ni interviene sobre el proceso electoral de ninguna manera, ni tampoco tiene como objeto impedir el libre acceso de los votantes a los colegios electorales». Además calificaron la prohibición de la JEC de «ataque a las libertades de reunión, expresión y participación». Uno de los portavoces afirmó que la campaña está recibiendo apoyos masivos en internet. «Tenemos ya 350 mesas. Al saberse la noticia de la prohibición, conseguimos de golpe 40 más», afirmó Gerard Batalla, de «Som lo que Sembrem».

La suspensión, en manos del Supremo

Los promotores del «Multireferèndum» ya han declarado su intención de seguir adelante con la iniciativa y «agotar todas las vías jurídicas» para sortear la prohibición de la Junta Electoral Central (JEC) y recurrir al Tribunal Supremo para que finalmente las casi 400 mesas que tienen organizadas puedan recibir los votos. El Tribunal Supremo dispondrá de muy poco tiempo para pronunciarse. La sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS que deba resolver el recurso que se interponga podrá admitirlo a trámite revocando la decisión de la JEC, admitirlo dejando con pleno efecto la prohibición o inadmitir de plano el recurso. Existe un precedente reciente de esto último, concretamente en las elecciones generales que llevaron a Mariano Rajoy a la Moncloa, celebradas el 20 de noviembre de 2011. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo rechazó el viernes anterior a las elecciones, tras más de cinco horas de deliberaciones, la suspensión del acuerdo de la JEC) impugnado por Izquierda Unida, con lo que se mantuvo vigente la ilegalidad de manifestaciones del movimiento del 15-M para la jornada de reflexión. IU anunció que recurriría al Constitucional pero el registro cerró el viernes antes de que pudiera interponerse recurso alguno.