Investigada la sanidad andaluza por el pago de 277.000 euros

MADRID- La gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en estos últimos años arroja alguna que otra duda y ha sido objeto de no pocas críticas desde el ámbito político. Sin embargo, ahora se trata de determinar si algunas de sus operaciones económicas se ajustaron a la legalidad contable, o, por el contrario, existieron irregularidades que pueden terminar con una sanción. En 2010, la Cámara de Cuentas de Andalucía realizó un informe en el que advertía de la existencia de distintas facturas sobre las que existían serios indicios de que habían sido abonadas sin la justificación suficiente. Ese informe, con la documentación correspondiente, ha llegado al Tribunal de Cuentas, órgano central fiscalizador de las administraciones públicas y ha decidido incoar unas actuaciones previas tendentes a determinar si están justificados o no esos pagos, que ascienden a 277.000 euros, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes del citado tribunal.

Para llevar a cabo esa investigación, se ha designado ya un instructor delegado, que será quien practique las diligencias oportunas, entre ellas, la de solicitar al SAS que aporte la documentación que acredite la realidad y justificación de esos pagos, que, en estos momentos, aparecen como más que dudosos. Una vez que acabe esas actuaciones previas, redactará un acta de liquidación provisional, en la que hará constar si, a la vista de la investigación, existen motivos que justifiquen la continuación del procedimiento contra el SAS, o, por el contrario, se ha justificado el pago de las facturas y propone el archivo de las actuaciones.

Esa resolución se mandará a la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, quien pedirá al fiscal, abogado del Estado, SAS y Junta de Andalucía que se pronuncien sobre si, a la vista de la conclusión recogida en el acta de liquidación provisional, procede continuar adelante o no. Lo normal que es que si el instructor ha detectado que esos abonos no estaban justificados, se inicie el correspondiente procedimiento de reintegro, para que la Administración pueda recuperar ese dinero que injustificadamente salió de los fondos del Servicio Andaluz de Salud. Por el contrario, si concluye lo contrario, todo hace indicar que se archivará el procedimiento.

Antecedentes

No es la primera vez que la gestión del SAS está en el punto de mira. El «Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, Contratación Administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial» correspondiente a 2008 de la Cámara de Cuentas de la comunidad ya señaló que, «salvo algunas excepciones, en los contratos adjudicados por el procedimiento negociado no se ha producido una adecuada promoción de la concurrencia y sólo en 24 de los 52 contratos por este procedimiento del SAS se acredita que se haya producido una negociación de los términos del contrato con los empresarios».

Ese mismo ente emitió otro informe sobre la Escuela Andaluza de Salud Pública, referido al ejercicio 2010, en el que quedó de manifiesto que aspectos como el control de tesorería o el de presencia y horarios de la plantilla no se tienen en cuenta en esta empresa pública creada en 1985 y que está adscrita a la Consejería andaluza de Salud.