Jorge Fernández y Sánchez-Camacho, políticos espiados por los Mossos

La Audiencia espera que le llegue el informe definitivo elaborado por la Policía Nacional.

No se trataba de un mero espionaje, común a todas las sociedades. Era una estrategia más perversa. Buscar los puntos flacos del «enemigo», hacerlos «vulnerables»», bien para utilizarlos o expulsarlos de Cataluña. Es otro de los planes que las Fuerzas de Seguridad han abortado al acabar con el proces.

Ayer fueron los populares Jorge Fernández Díaz y Alicia Sánchez Camacho. Hace día, un sindicato de los Mossos D’Esquadra.

Los nombres de las personas y las organizaciones, en medio de desmentidos y confirmaciones, salen con cuentagotas, ya que está declarado secreto a nivel judicial, pero el escándalo del espionaje por parte del Gobierno y organizaciones separatistas sobre partidos, personalidades, sindicatos considerados «españolistas», está a punto de estallar.

Lo que quisieron reducir a cenizas en vísperas de la aplicación del artículo 155, cuando los Mossos fueron sorprendidos a las puertas de una incineradora por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, se va a volver contra los responsables políticos y de la policía autonómica que organizaron esta estrategia. Hay más nombre de personas y organizaciones, pero se mantiene el secretismo, lo que en algunos medios no se termina de entender ya que estas labores, presuntamente ilegales, se han realizado con dinero público. La administración nacionalista catalana, que trabajaba desde hace años en su proyecto de República secesionista, había tejido una tupida trama, en la que participaban agentes adscritos a varios organismos y con colaboraciones puntuales de agencias especializadas, para conocer todo lo que hacía el «enemigo» españolista y, si era posible, buscar sus puntos flacos, si los tenían, para convertirles en personas vulnerables.

Las labores de espionaje se realizaban de diversas maneras, entre ellas se aprovechaba de los escoltas de los Mossos que acompañaban a algunas de estas personalidades. Es decir, que utilizaban la protección que tenían que dar a dichas personalidades para informar a sus superiores de las actividades. La UCRO, vigente con este nombre hasta 2015 o 2016, utilizaba sistemas más sofisticados y aparatos cuya adquisición está, en principio, reservada a los servicios centrales de información de España. El gran misterio que ha rodeado a esta unidad, que algunas fuentes mantiene que ha existido hasta la aplicación del 155 pero con otro nombre, podría quedar desvelado, en todo o en parte, cuando se levante el secreto del sumario sobre los papeles que la Brigada de Información de Cataluña de la Policía impidió quemar el pasado mes de octubre.

Lo que está claro, según informes policiales que ha conocido LA RAZÓN, es que los separatistas habían concebido una sociedad plenamente controlada por ellos, a los propios, que nos les daban ningún tipo de problemas, y, sobre todo, a los españolistas para, mediante esa estrategia perversa, hacerles la vida imposible y obligarles a abandonar Cataluña.