Los jueces y fiscales cierran la que celebran como una «histórica» huelga de tres días con un seguimiento «masivo» que, de media, ha contado con el apoyo del 70% de las Carreras.

«Todo empezó en Salesas», así lo resumen fuentes de los convocantes, en referencia a la plaza que acoge el Tribunal Supremo en la que los jueces y fiscales huelguistas han protagonizado sus últimos movimientos.

Tras conocer los planes del Gobierno de reformar el acceso a la judicatura y al Ministerio Público y estabilizar a 1.0004 sustitutos (663 jueces y 331 fiscales), sus miembros decidieron no quedarse de brazos cruzados y salir a hacer todo lo posible para intentar que se retirase el proyecto de ley orgánica.

De momento no lo han conseguido, tampoco que el equipo de Félix Bolaños de marcha atrás con su intención de darle la instrucción de las causas a los fiscales, mientras el fiscal general del Estado acumula en mayor poder sobre sus subordinados, a través de la modificación tanto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) como del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Pero lo que sí han logrado en los últimos 22 días han logrado que miles de compañeros hayan hecho un parón frente a los juzgados de todo el país; una concentración, que congregó a 5.000 personas, el pasado sábado frente al Tribunal Supremo, y una huelga este martes, miércoles y ayer.

Las asociaciones decidirán hoy el siguiente paso a dar

Siempre en favor de la independencia judicial, que con las «leyes Bolaños» ven en serio peligro, y bajo el lema, que es también un serio pronóstico, de que: «Sin Estado de Derecho no hay democracia».

La reacción, a modo de castigo, que las cinco agrupaciones profesionales consideran que ha tenido el Ministerio de Justicia es la presentación a través del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados último y polémica enmienda, que ha provocado que hasta los jueces y fiscales progresistas no descarten ya unirse a sus «medidas de conflicto».

La enmienda en cuestión es la que pretende que a los que ejercían como sustitutos, si logran una plaza en el concurso-oposición extraordinario, se les asegure el quedarse en el lugar donde tenían su plaza y venían prestando sus servicios como «interinos».

Ahora, llega el momento de que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), junto a la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) decidan cuál es el siguiente paso a dar.

Tal y como confirmaron a este diario, hoy mismo se reúnen sus respectivos presidentes para valorar qué procede hacer y una de las opciones que va cogiendo más fuerza, ante la negativa de Justicia a atender sus peticiones, es la de poner en marcha este mismo mes una huelga de carácter indefinido.

En el seno de las asociaciones judiciales y del Ministerio Fiscal hay cierta división, aunque no determinante, sobre si es conveniente dar este paso. Hay quien lo considera «ideal», siguiendo el ejemplo de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que comenzó en febrero y duró algo más de tres meses.

Otros, en cambio, como prevén un que la tramitación parlamentaria del proyecto será «largo», ven «complicado», e, incluso, «arriesgado», convocar una protesta indefinida, en pleno verano, con agosto de por medio, «agotando» así a los jueces y fiscales demasiado pronto, cuando el proceso puede ser muy largo.

Por otro lado, fuentes del Ministerio de Justicia confirman a LA RAZÓN que no van a poder detraer la parte proporcional de sus sueldos a los profesionales que se hayan ausentado de sus puestos de trabajo, después de que no recibiesen ningún dato por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Lo único que han recibido en el departamento de Bolaños es información a través de los secretarios de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de cada comunidad autónoma, relativa a cuántos señalamientos se han suspendido en estos últimos tres días.

Lucha de cifras: del 70% al 30% de participación

Cómo ha sido el seguimiento de la huelga de jueces y fiscales depende de a quién se le pregunte. Por una parte, las cuatro asociaciones judiciales y las dos del Ministerio Público hablan de que el primer día de protesta, el martes, participaron, a nivel nacional, un 68% de los Carreras; el miércoles, la implicación alcanzó el 70% y ayer se mantuvo en un 65% en los tribunales.

Lo calcularon en base a los correos que recibieron de unos y otros en unos buzones que habilitaron para comunicar si se participaba en la huelga. Desde el ministerio lo rebajan más allá de la mitad, cuantificando la incidencia del «paro» en un 28,75; 30,84% y 31,04%, respectivamente. Justicia habló de «normalidad» y los abogados de casi un 50% de suspensiones.