El juez Juan Carlos Peinado ha dictado la prorroga del "caso Begoña Gómez" durante, al menos, seis meses más, ante las varias pesquisas de investigación que están pendientes de ser ejecutadas. Esta decisión había sido solicitada por la acusación popular unificada, que lidera Hazte Oír.

En su nuevo auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado señala que "difícilmente pueden ser cumplimentadas dichas diligencias pendientes de practicar antes del 16 de octubre", fecha para la que solo quedan tres días y terminaba la primera ampliación de la instrucción que dictó el pasado abril.

El instructor también alarga la causa para "acomodar" en la parte principal del caso la pieza separada sobre si hubo un delito de malversación de caudales públicos en el uso que hizo la mujer del presidente de su asesora en Moncloa. La Audiencia Provincial de Madrid anuló, la pasada semana, que esta línea de investigación estuviese por separado y ordenó integrarla con el resto del procedimiento.

El juez Peinado recuerda que aún está pendiente que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "informe sobre los convenios" que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) firmó "en relación" con uno de los másteres de la cátedra de Gómez, y que los someta a una comparación con el resto de convenios de cátedras extraordinaria que han existido en el centro.

Por otro lado, los agentes tienen todavía que remitirle sus conclusiones sobre "los repositorios" aportados por las distintas empresas privadas –Google, Telefónica, Flat 101, Minsait y Devoteam– que desarrollaron, de manera altruista, el software de la cátedra que se analiza si se apropió indebidamente la esposa de Pedro Sánchez. Los investigadores tendrán que tener en cuenta las declaraciones como testigos de varios directivos de estas compañías.

Falta, además, que la Escuela de Gobierno de la Complutense y Amazon "remitan los correos electrónicos emitidos y recibidos" desde la cuenta de mail que la pareja del jefe del Ejecutivo tenía vinculada a una página web "del máster". Unos mensajes que –recuerda en su resolución– tendrán que ser analizados por la UCO.

En cuanto a la asesora imputada, el juez Peinado advierte de que Moncloa no ha contestado a su petición de información sobre quién ha desempeñado el cargo de Secretario General de la Presidencia del Gobierno desde que Álvarez fue nombrada directora de Programas de esta, en julio de 2018.

"Así como las personas que han venido autorizando, aprobando y ordenando el pago de retribuciones desde su nombramiento". De momento, el instructor no ha recibido tampoco el contenido del buzón de mail que Gómez tiene a su disposición en el complejo presidencial.

En los próximos días, está previsto que el instructor resuelva si acepta la petición que le hizo llegar la defensa de la mujer de Sánchez de que se tengan en cuenta los antecedentes de otras asistentes que tuvieron sus predecesoras como consortes.

Pero, de igual forma, tiene que ver si estima precedente tomarle declaración a tres funcionarias de la UCM. Con dos de ellas habría abordado el registro de la plataforma informática y la restante es la propia interventora de la institución educativa.