Junts pide al Gobierno más de 10.000 millones para las autonomías para renegociar la senda de déficit

El Gobierno toma conciencia del grave desgaste institucional que supone su debilidad parlamentaria. Lejos de la pretendida autonomía que Pedro Sánchez predica de sus socios de investidura, asegurando que está dispuesto a gobernar «sin el concurso del legislativo» –al que considera más «restrictivo» que «constructivo»–, lo cierto es que en Moncloa asumen que necesitan una mayoría que no tienen y que sin ella la viabilidad de la legislatura es limitada.

El Ejecutivo tenía previsto llevar a votación este jueves en el Congreso de los Diputados el mismo techo de gasto que naufragó en julio y anticipando idéntico resultado ha decidido rectificar. El Gobierno retiró ayer del orden del día la votación de la senda de estabilidad, evitando así encadenar un nuevo traspié parlamentario y que se visibilice otra derrota en el marcador del hemiciclo. Aunque en la práctica, este movimiento es ya una derrota en sí mismo y supone una enmienda a la estrategia que se había trazado hasta la fecha.

Fuentes gubernamentales argumentan esta marcha atrás como un ejercicio de «responsabilidad» para darse más tiempo para negociar. «Supone dar una oportunidad al diálogo», apuntan. Para conseguir los números que hoy les faltan para que la senda de estabilidad pueda salir adelante y aprobar, en base a ella, los Presupuestos para 2025, el Gobierno tendrá que hacer en el futuro lo que no ha hecho hasta el momento: negociar con Junts. Esto supone una contradicción en sí mismo, pues hasta ahora, en el Ejecutivo se mostraban dispuestos a trabajar en unas nuevas cuentas con la senda vigente o incluso llegar a prorrogar las del ejercicio de 2023 si fuera necesario para no hacer nuevas cesiones ante sus socios. Finalmente, ese esfuerzo de resistencia numantina se ha venido abajo y en Moncloa confirman que están dispuestos a hacer ajustes en el techo de gasto para colmar las aspiraciones de sus socios. «Si aplazamos la tramitación de esta senda de estabilidad es para afrontar ese diálogo y para llegar a un acuerdo con Junts», reconoció Pilar Alegría.

No obstante, no parece que vaya a ser fácil alcanzar ese acuerdo por las exigencias de máximos que ha impuesto Junts: los posconvergentes quieren que las autonomías se queden con un tercio de la capacidad de déficit de todas las Administraciones Públicas (formadas por Estado, autonomías, ayuntamientos y Seguridad Social). De esa manera, las autonomías pasarían de quedarse con el 0,1% de déficit al 0,8% sobre el PIB (el año pasado contaban con el 0,9%), lo que supondría un aumento voluminoso en términos absolutos: de los 1.600 millones de euros actuales a en torno a 13.000 millones, es decir, unos 11.400 millones más. Cataluña, en ese sentido, ganaría más capacidad de gasto (en este caso, de endeudamiento): se estima que, con el 2,5% de déficit previsto por el Gobierno, todas las administraciones contarán con en torno a 38.000 millones de euros, pero Sánchez quiere quedarse con el 96% para el Estado (2,2%) y la Seguridad Social (0,2%) y dejar a autonomías (0,1%) y ayuntamientos (0%) sin apenas margen. Los posconvergentes piden que las autonomías se queden una tercera parte de la capacidad de déficit y se remiten a una moción aprobada en el Parlament en 2014, que contó, precisamente, con el apoyo del PSC. Junts, igual que el PP, saca a pasear la hemeroteca y recuerda cómo los socialistas, con María Jesús Montero a la cabeza, exigían en 2014 más margen de déficit cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Para capear las dificultades de cuadrar los números, el Gobierno ha tratado de hacer más guiños a Junts, como la reactivación de la comisión de investigación de los atentados del 17A y la previsión es que este mismo jueves se apruebe el plan de trabajo. En este sentido, esta comisión, de contenido muy delicado porque se hace sobre algo ya juzgado, puede ayudar a aliviar las presiones que va a ejercer Junts con la senda de déficit.

En Moncloa tratan ahora de dar la vuelta a la derrota y señalan que «frente a los cálculos partidistas» de aquellos que se dedican a «votar en contra de todo lo que propone el Gobierno de España», en esta ocasión lo que estaba en juego era algo «muy importante»: según los cálculos del Gobierno, había 12.000 millones para políticas públicas. «Votar en contra de los 12.000 millones no es votar en contra del Gobierno, sino en contra de todos los ciudadanos de nuestro país», aseveró Alegría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Pese a poner todo el peso en la posición del PP, fuentes gubernamentales descartan que haya cualquier posibilidad de interlocución con los populares.

El giro en sus posicionamientos ha sido copernicano. En el PSOE han pasado, en horas, de asumir como muy «probable» el rechazo a la senda de déficit en el Congreso, ante la imposibilidad de contar con los siete votos de Junts, a señalar que «si no tenían los números era obvio que había que ponerse a negociar». Una tarea que han descuidado durante estas semanas, las mismas que los posconvergentes llevan anticipando su rechazo a la senda. El PSOE hizo un último intento de reconducir la situación con un viaje el pasado fin de semana a Suiza para reunirse con Carles Puigdemont. La reunión no salió bien y la delegación encabezada por el secretario de Organización, Santos Cerdán, se volvió con el mismo «no» con el que llegaron. Pero algo se ha movido para que la maquinaria se haya puesto a funcionar. Junts consigue, de nuevo, doblarle el brazo al Gobierno, que da marcha atrás con el techo de gasto y lo rehará para intentar cortejar a sus socios.