Los jueces de violencia sobre la mujer salieron este martes de su reunión en el Ministerio de Justicia sin una idea clara de las medidas que implementará el Gobierno para evitar el "colapso total" cuando entre en vigor la 'ley Bolaños' que derivará todos los asuntos de violencia sexual a los juzgados de violencia sobre la mujer. "Seguimos en la misma situación", aseguran.

Durante el encuentro, que se alargó una hora, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, se comprometió a aprobar un Real Decreto para crear más plazas de jueces en aquellos juzgados en los que no se puedan reconvertir los jueces de instrucción. El Ejecutivo les trasladó que han hecho un estudio sobre el asunto, pero no informó de cómo se paliará el colapso que avecinan. Tampoco se comprometió a aumentar medios materiales porque, dicen, eso corresponde a las comunidades autónomas.

«Hay un compromiso sin saber en qué va a consistir. No sabemos qué van a hacer en cada partido concreto», razonan a este medio fuentes presentes en la reunión. Por su parte, esta comitiva de jueces ha trasladado al Ejecutivo su honda preocupación por el cambio legal que introduce la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Estos magistrados llevan semanas advirtiendo de que es "inasumible" afrontar todas las denuncias sobre violencia sexual. "Va a ser un caos total", dicen.

Myriam Quintero, magistrada de violencia de género sobre la mujer en Sevilla y una de las jueces que ha participado en el encuentro, explica en declaraciones a LA RAZÓN que se trata de una "mezcla explosiva" que va a generar un "embudo" en estos juzgados especializados. Lo que más les preocupa, dice, es que las víctimas de violencia machista van a quedar "opacadas" puesto que no van a poder dedicarles el mismo tiempo a estos asuntos, muchos de los cuales afectan, además, a niños.

"Es un embudo"

"Lo único que queremos trasladar en el Ministerio es nuestra preocupación seria y sincera de la víctima. Es una carga de trabajo inasumible. Nos preocupa muchísimo no estar al cien por cien", lamenta. Se trata de un reclamo compartido por la totalidad de jueces especializados en violencia sobre la mujer y prueba de ello es que el comunicado emitido a principios de mes lo suscribieron 135 jueces de violencia sobre la mujer.

A su juicio, esta modificación responde a un motivo exclusivamente "político" que no responde a los reclamos de la carrera. Por ello, han trasladado al 'número dos' del Ministerio que la decisión ha sido precipitada y que se hace necesario separar los asuntos de violencia sexual de los de violencia de género. Según explican, instruir este tipo de procedimientos requiere de una especialización necesaria de la que carecen los jueces de instrucción que ahora se derivarán a los juzgados de la violencia sobre la mujer. "No se puede reconvertir un juez de instrucción en un juez sobre la mujer porque no es lo que ha elegido y no tiene formación", apostilla Quintero

Cabe tener en cuenta que en España hay 121 juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer. De ellos solo funcionan en régimen de guardia los partidos judiciales de Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia. En el resto se resuelven todos los asuntos por la mañana, por lo que se enfrentan a una saturación sin precedentes que, además, se ve agravada por la falta de medios materiales con la que trabajan ya en la actualidad.

En ese sentido se plantean de qué sirve ampliar la plantilla si se carece de salas de vistas o de un aumento paralelo de funcionarios en el juzgado. "Al final es el mismo embudo", dicen. A todo ello se añade que la entrada en vigor de la conocida como 'Ley Bolaños' supone una aplicación desigual de estos cambios. Es decir, que mientras en unas comunidades se trabajará desde abril con los cambios que aporta la norma, en otras se mantendrá el sistema actual.

"Hablamos de víctimas"

"En la lucha contra la violencia no caben errores o demoras. Hablamos de víctimas. Para asistir una declaración sobre violencia de género necesitamos tiempo. Un juez no solo se puede quedar en la punta del iceberg; debe ver toda la base y para eso se necesita tiempo. Lo que más nos angustia es que se nos escape una valoración correcta", indica Myriam, que recuerda que no trabajan con asuntos abstractos, sino con víctimas de violencia de género y, en muchísimos casos, con niños, lo que requiere que la actuación del juzgado sea rápida y lo más escrupulosa posible.

Estos jueces vaticinan que el cambio legal implicará un aumento de, al menos, el 20% de la carga. Se trata de una cifra ligeramente superior a la calculada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que agrava la situación de unos juzgados que, ya de por sí, trabajan con precariedad de medios. Este incremento ralentizará todos los procedimientos que se siguen a día de hoy en los juzgados ya que, al asumir también asuntos de cierta complejidad (como son los relativos a la trata de mujeres) éstos tendrán prioridad por ser más urgentes y delegarán a un segundo plano otros que ya llevan meses esperando para resolverse.

Por ello, y como ya plasmaron en su comunicado, se va a producir un paso atrás en la lucha contra la violencia de género que puede generar espacios de desprotección a la víctima. Con esta medida el Gobierno da cumplimiento a lo contemplado en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ya que se comprometieron a especializar la violencia sexual, aunque dicho compromiso iba aparejado de una dotación presupuestaria que no se ha hecho realidad.

Reformas a coste cero

Es más, la conocida como 'ley Bolaños' habla de "transformación necesaria" de juzgados, secciones y tribunales; esto es, se apunta ya a una transferencia de medios reconociendo que estas reformas se producen a coste cero. Precisamente, la falta de inversión en estos cambios llevó a que tres de las cuatro asociaciones de jueces mostraran su rechazo a la reforma, al considerar que se iban a vaciar los juzgados de instrucción para reforzar los de violencia sobre la mujer. "Estamos desvistiendo a un santo para vestir a otro", alegaron.

Además, sospechan que el incremento del 50% de jueces de violencia sobre la mujer que anunció el ministro Bolaños el Día Internacional de la Mujer y que se incluirá en el nuevo Real Decreto, también podría suplirse incluyendo en la carrera a jueces sustitutos. Este es otro de los puntos que enfrenta a la carrera judicial con Moncloa. Mientras el Gobierno defiende que esta reforma "democratizará" la carrera, las asociaciones consideran que se va a colar por la puerta de atrás a jueces sustitutos y que, eliminar el proceso de oposiciones, supondrá un agravio comparativo para con los jueces que pasaron por este trámite.