La Abogacía se centra en la defensa de Irene Lozano

Rechaza que la secretaria de Estado vulnerase el derecho a la presunción de inocencia.

Tras la contundente exposición de los fiscales del Tribunal Supremo –que según admitió «nos ha allanado el camino»–, la intervención de la Abogacía del Estado rezumó tecnicismo con la misma precisión con la que sorteó cualquier discrepancia con la acusación pública (la principal, la de no apreciar la violencia que requiere el delito de sedición, del que los Servicios Jurídicos del Estado no acusan). Haciendo gala de una exquisita pulcritud procesal, Rosa María Seoane sí rebatió el argumento de las defensas de que en este proceso tienen que hacer frente a un «derecho penal del enemigo». «Lo que estamos celebrando aquí es un juicio penal con todas las garantías –aseguró–. Esto no es sino una manifestación de que estamos ante el ejercicio del derecho penal democrático».

Ante las quejas de la defensa de Jordi Cuixart, la abogada del Estado defendió su derecho a acusar también por el delito de sedición aunque su personación en la causa se sustenta en la supuesta comisión de un malversación de caudales públicos en el «procés». Asimismo, criticó el empeño de los abogados de los acusados en forzar a la Sala a plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial sobre el alcance del derecho a la presunción de inocencia, una iniciativa que definió como «derecho comunitario creativo» en su afán por internacionalizar el juicio del «procés».

De hecho, la Abogacía del Estado dedicó buena parte de su exposición a negar que la secretaria de Estado Irene Lozano, responsable de la campaña «España Global», vulnerase el derecho a la presunción de inocencia al referirse a los acusados como «convictos» en una entrevista a la BBC. «Lo que estaba explicando era la excepcionalidad de un proceso como éste por la relevancia de los hechos que se juzgan», aseguró, y el reto que supone para el ordenamiento jurídico español dado que «no es algo que ocurra habitualmente».

Para la abogada del Estado, las defensas han hecho «una interpretación rigorista de sus palabras» al presumir que dio por sentada la condena de los acusados. «Hay que atender a su sentido real», insistió antes de concluir que «no hay ninguna vulneración del derecho a la presunción de inocencia» en sus comentarios.

Del mismo modo, Seoane esgrimió las quejas de los abogados de los procesados que reclaman que puedan expresarse en catalán, su lengua materna, para hacer hincapié en que Lozano no pudo expresarse en esa entrevista con la misma «propiedad y exactitud» que si lo hubiera hecho en español, y no en inglés.