La Audiencia imputa en el «caso Púnica» a los consejeros de Madrid Figar y Victoria

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar como imputados a los consejeros de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria y Lucía Figar, así como al de Murcia Juan Carlos Ruiz en relación con el «caso Púnica»

Las imputaciones de los consejeros de la Comunidad de Madrid Lucía Figar y Salvador Victoria, ambos del PP, en el «caso Púnica» estaban decididas desde hacía semanas, pero el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco las había postergado para que la decisión judicial no interfiriera en la campaña electoral. Una vez pasadas las elecciones del 24 de mayo, el magistrado ha citado a declarar el próximo día 26 a la consejera de Educación y al consejero de Presidencia y de Justicia del Gobierno de Ignacio González, respectivamente, a expensas de que ese día ambos hayan perdido ya su condición de aforados (en caso contrario, se postergaría la cita).

La doble imputación –a la que se unen las del consejero de Murcia Juan Carlos Ruiz, quien tras conocer la decisión dimitió ayer mismo de su cargo, y de los parlamentarios de Madrid Mario Utrilla y José Miguel Moreno– no ha planeado, efectivamente, sobre la campaña electoral, pero sí puede condicionar el rumbo de un posible acuerdo del PP con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.

Tras el parón electoral, Velasco ha pisado el acelerador para concluir con la toma de declaraciones a imputados y testigos antes de las vacaciones de verano. De hecho, el instructor ha vuelto a citar a declarar al socio del ex consejero Francisco Granados, David Marjaliza, y al supuesto «conseguidor» de la trama de corrupción inmobiliaria, el empresario Alejandro de Pedro, los próximos días 11 y 18.

Figar, imputada al menos por cohecho según fuentes jurídicas, tendrá que explicar al juez los contratos de reputación on line que encargó a dos empresas de De Pedro con el objetivo de mejorar la imagen de la gestión del Gobierno regional en internet.

Fuentes de la investigación aseguraron que se trataba «de contratos de cobertura para disimular las entregas de dinero al empresario», a quien consideran «el recaudador» de la supuesta trama. A los investigadores les ha llamado la atención, según esas mismas fuentes, que «cuando se alcanzaba el máximo que la Comunidad de Madrid permite asignar anualmente a dedo a cada consejería no se adjudicaron más contratos a De Pedro, renovándose los supuestos encargos de nuevo el siguiente enero».

Respecto a Victoria, el juez Velasco quiere interrogarle en relación a similares contratos de posicionamiento on line firmados con De Pedro y, en particular, respecto al testimonio del ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás. El ex alto cargo autonómico declaró al magistrado que el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid le conminó a pagar 10.000 euros a De Pedro.

Según la investigación, esa contraprestación se correspondería con los trabajos efectuados por el empresario para mejorar en internet y redes sociales la imagen de varios consejeros, algo que Victoria negó al juez «rotundamente».

Victoria lo negó al juez

El consejero de Presidencia del Gobierno de Ignacio González explicó que De Pedro se limitaba a realizar un seguimiento en la Red de las informaciones relativas al Gobierno regional, una labor que habría concluido en mayo de 2014 por problemas de tesorería.

Respecto a Miguel Moreno, el diputado autonómico (que perderá su condición de aforado en cuanto se constituya la nueva Asamblea de Madrid) tendrá que declarar el próximo día 18 por las adjudicaciones a empresas de la «trama Púnica» cuando era alcalde de Valdemoro (Madrid), el mismo municipio del que fue regidor Granados.

Según declaró al juez una ex empleada del Ayuntamiento de Valdemoro, Esther Giménez, Moreno habría recibido supuestamente de una empresa de Marjaliza un chalé en Marbella por favorecer a la trama en el municipio.