La Audiencia juzga a la ex cúpula de Batasuna sin Arnaldo Otegi

Treinta y seis procesados se enfrentan a penas de entre ocho y doce años por la supuesta financiación de ETA a través de las "herriko tabernas"

La Razón
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El principal macrojuicio contra la ex cúpula de la ilegalizada Batasuna ha tardado tanto en comenzar que el principal procesado, Arnaldo Otegi, ni siquiera se sentará ya en el banquillo de los acusados el próximo jueves. Ha pasado ya más de una década desde que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pusiera en marcha la investigación judicial de la supuesta financiación de Batasuna a través de las herriko tabernas, ordenando la detención de once personas y el embargo y administración judicial de 75 de estos locales abertzales. En ese tiempo, Otegi ha sido condenado por integración en ETA en el "caso Bateragune"(condena que el Tribunal Supremo rebajó de diez a seis años y medio de cárcel al excluir su condición de dirigente de la banda terrorista), lo que impide que vuelva a ser juzgado por el mismo delito (la Fiscalía pedía para él una pena de doce años de cárcel), tal y como dejó claro la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado julio.

No es el único procesado que se ha librado in extremis del proceso. A otros tres (José Luis Elkoro, Joseba Garmendia y José Imanol Cortázar), el tribunal también les ha aplicado el principio de cosa juzgada, por lo que la nómina de acusados se ha reducido a 36. Sólo dos, los ex miembros de la Mesa Nacional de Batasuna Joseba Permach y Rufi Etxeberria, están acusados de un delito de pertenencia a banda armada en grado de dirigentes, por lo que se enfrentan a las penas más altas: doce años de cárcel cada uno. Para otros 19 procesados, entre ellos Karmelo Landa, Joseba Álvarez y Juan Cruz Aldasoro, el Ministerio Público solicita diez años de cárcel por el mismo delito. A los 15 restantes les imputa un delito de colaboración con ETA y reclama al tribunal que los condena a ocho años de prisión. En el procedimiento, además, 111 herrikos están encausadas como responsables civiles subsidiarios. Junto a la Fiscalía, ejercerán también la acusación la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ).

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que las herriko tabernas "constituyen un conjunto organizativo controlado por Herri Batasuna con una apariencia disociada que obedece a una estrategia de ocultación del sistema de financiación de la organización terrorista ETA". Tras adoptar en 1994 la forma de "kultur elkartea"(asociaciones culturales en euskera), se configuraron "como infraestructura de Herri Batasuna y base financiera del Movimiento de Liberación Nacional Vasco controlado y dirigido por ETA", continúa la acusación pública. La red de herriko tabernas contaría en 1998 para contribuir a ese objetivo, según la Fiscalía, con un patrimonio superior a los doce millones de euros (repartidos en 63 locales del País Vasco y Navarra) y unos movimientos anuales de alrededor de 15.

Desde el principio del proyecto, asegura la Fiscalía, ETA "dirigió y controló económicamente la red de herriko tabernas"a través de su sociedad instrumental de gestión, Banaka S. A., colocando al frente a sus responsables.

En un documento elaborado por la comisión nacional de herrikos (el organismo compuesto por cinco personas que dirigía toda la red) en 1992, intervenido en la sede de Banaka, se establece que las herrikos desarrollan tres actividades (política, cultural y de bar), siendo la más importante la primera, y se insiste en desvincularlas de "20"(clave con la que se referían a Herri Batasuna). Entonces ya existían 114 herrikos que debían convertirse en asociaciones culturales para ser "legalizadas"en un plazo máximo de cuatro años. Los miembros de esa comisión nacional debían proceder necesariamente de los comités locales de HB, lo que aseguraba a la formación después ilegalizada "la dirección, control y coordinación"de las mismas.

Se creo, recalca la Fiscalía, "la ficción de una completa desvinculación"de HB que encubría su verdadero objetivo: "allegar fondos a las organizaciones que configuran la estructura frentista de ETA".

El macrojuicio, que se se prolongará previsiblemente hasta el próximo febrero, comenzará cinco años y medio después de que Garzón cerrara el sumario en abril de 2008. Un prolongado retraso en la instrucción y tramitación de la causa que podría suponer una rebaja de las hipotéticas condenas por parte del Tribunal Supremo, al apreciar la atenuante de dilación indebida.

Apoyo: Sostén económico de ETA

-El escrito fiscal hace referencia al apoyo económico prestado por las herrikos al diario Egin en 1996 y 1997 para contribuir a la ocultación de sus bienes en perjuicio de sus acreedores.

-Además, añade, "fueron el sostén económico de, entre otros instrumentos de ETA, la coordinadora anti-autovía Lurraldea"que se opuso a la construcción de la autovía de Leizarán.

-Del mismo modo, las herrikos han participado "directamente en la provisión de fondos necesaria para el pago de las fianzas"de integrantes de ETA.

-Por último, para la banda terrorista eran "un lugar idóneo para la actividad orgánica (celebración de asambleas)", para el "reclutamiento de nuevos terroristas"y para el "depósito temporal de armas y explosivos y la captación de información sobre posibles objetivos de la organización terrorista".

-Función propagandística: adquirieron "un papel referencial como eje de distribución de los diversos materiales políticos y de formación elaborados principalmente por las estructuras de dirección ETA-KAS-EKIN".