La Audiencia desinfla la imputación por terrorismo a la «cabecilla» de los CDR

El juez deja en libertad a la detenida, en contra de la Fiscalía, y limita la investigación a desórdenes públicos

La supuesta cabecilla de los Comités de Defensa de la República (CDR) Tamara C. G. quedó esta mañana en libertad tras declarar durante menos de una hora ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea. El magistrado, en contra de la Fiscalía, le imputa un delito de desórdenes públicos, pero no de terrorismo y rebelión, por lo que la causa terminará en un juzgado territorial de Cataluña si un recurso del Ministerio Público no lo impide.

No obstante, la investigada, detenida el pasado martes en Viledecans (Barcelona) por la Guardia Civil en el marco de la "operación Cadera", tendrá que comparecer una vez por semana en el juzgado más próximo en su domicilio y no podrá salir de España y ni siquiera del municipio donde reside, salvo para acudir al trabajo, sin autorización judicial.

El magistrado, que mantiene la causa bajo secreto, dictará una orden de detención respecto a otro integrante de los CDR que no pudo ser detenido en la Esplugas de Llobregat (Barcelona) y se encuentra en paradero desconocido.

La Fiscalía considera a Tamara C. G. -para la que el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo pidió prisión incondicional por riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas- una de las cabecillas de los CDR y le responsabiliza de coordinar los actos de sabotaje y cortes de carretera de la pasada Semana Santa, que equiparó con la "kale borroka", por lo que le imputaba delitos de terrorismo y rebelión. Fuentes del Ministerio Público sostienen que habría desarrollado “actividades de dirección y coordinación en actos de sabotaje formando parte de un reducido equipo de dirección que determina las pautas de actuación y las consignas de movilización” de los CDR, “con actos de rebeldía encaminados a normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado, trasladando a la calle con actuaciones violentas el proceso soberanista catalán”. Todo ello supone, según la Fiscalía, “una clara amenaza al orden constitucional establecido”.

A la investigada se le atribuye un audio difundido en las redes sociales en el que desgranaba las estrategias de sabotaje de los comités de defensa de la república para Semana Santa, que incluía cortes de carreteras, entre ellos los accesos a Mercabarna y al Puerto de Barcelona.

Asimismo, los agentes le intervinieron en su domicilio un mapa del cuartel de la Guardia Civil en Travesera de Gracia (Barcelona).