La CUP sostiene el veto a su investidura

«Para obtener la independencia hay que montar un pollo político y judicial», decía la pasada semana el número uno de la CUP, Antonio Baños, en alusión a la estrategia que debe seguir el movimiento soberanista en Cataluña. Y lo cierto es que una de las cuatro mesas negociadoras que mantienen Juntos por el Sí y la CUP está exclusivamente centrada en «montar el pollo» con el Estado, es decir, en consensuar el conjunto de desobediencias que va a protagonizar la Generalitat a lo largo de esta legislatura.

La CUP, pese a ser la formación con menos diputados en el Parlament (10 de los 135), está condicionando enormemente la negociación con Juntos por el Sí. No sólo porque mantiene en la cuerda floja a Artur Mas –su investidura sigue en el aire– sino porque las prioridades de los «cuperos» van a ser atendidas de una u otra manera.

Los dirigentes de la formación antisistema se han hartado de poner como ejemplo de desobediencia la aplicación del decreto de la Generalitat de pobreza energética que el Tribunal Constitucional suspendió. Se trata únicamente de la punta del iceberg, ya que la CUP aspira a que las posturas de desobediencia sean continuas.

Las conversaciones entre ambos bandos soberanistas avanzan con lentitud, puesto que la proximidad de las elecciones generales contamina el ambiente. En este contexto, es de prever que la investidura de Mas –aplazada hasta el final de las negociaciones– no se dilucide hasta dentro de varias semanas. La CUP se mantiene en sus trece de no hacer president a una figura a la que asocian a los recortes y a la corrupción, pero los dirigentes de Convergència confían en hacer valer su fuerza parlamentaria para imponer como president a su líder.

El resultado de este lento ritmo de negociación es que todavía no se ha concretado ni la fecha de constitución del Parlament, ni, por supuesto, la fecha de la sesión de investidura del presidente de la Generalitat. Es decir, que tres semanas después de las elecciones catalanas las incertidumbres son de tal magnitud que incluso las partes negociadoras no se atreven a descartar la posibilidad de unas nuevas elecciones en el mes de marzo.

En todo caso, tanto Juntos por el Sí como la CUP han asegurado en público que confían en alcanzar un acuerdo. Ambos mantienen una enorme discreción sobre sus conversaciones pero las consecuencias de la dificultad para sellar un programa de gobernabilidad ya se han dejado ver.

Con toda seguridad, la Generalitat tendrá que aplicar una prórroga de los Presupuestos, lo que significa que el Gobierno catalán no podrá introducir medidas de corrección en este contexto de incipiente recuperación económica.

Aunque la Generalitat intenta combatir la idea de que ha caído en la inacción, es difícil que pueda sostener la credibilidad durante mucho tiempo porque la oposición se propone intensificar sus ofensivas.

La CUP exige que esta legislatura no transcurra bajo la premisa de la gestión ordinaria de una autonomía. Exige medidas de ruptura, mientras que Mas insiste en que nadie ha llevado tan lejos el desafío como él. Continúa siendo presidente de la Generalitat en funciones y también el de desobediente en funciones. Así intenta contentar a la CUP para que su investidura se desencalle de una vez por todas.