El tribunal del «caso Gürtel» rechaza que Rajoy declare como testigo

Los magistrados tumban la avalancha de peticiones de nulidad de las defensas de los acusados

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no tendrá que declarar como testigo en el juicio del «caso Gürtel» a la espera de cómo se desarrolle la vista oral. El tribunal echó por tierra ayer la petición instada por Adade (Asociación de Abogados Demócratas por Europa), a la que se sumó otra acusación, y se remitió a su resolución del pasado 4 de febrero, en la que rechazó esa posibilidad dejando una puerta abierta en función del desarrollo del juicio. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado respaldaron esa petición, que la Sala desestimó «en este momento» teniendo en cuenta que ambas acusaciones volvieron a ponerla sobre la mesa de forma precipitada apenas dos horas después de comenzar la vista oral.

Pese a ese revés a las acusaciones populares, la jornada fue más pródiga en reproches y contratiempos para las defensas de los acusados. Y es que el tribunal –presidido por el magistrado Ángel Hurtado– desbarató una tras otra la batería de peticiones de nulidad planteadas por los abogados de los 37 procesados –a la que se sumó el representante del PP– para intentar anular el proceso. «El juicio no se va a suspender», anticipó el presidente del tribunal a las defensas, para que nadie se llamase a engaño, antes del receso para comer.

La Sala se negó a anular las grabaciones efectuadas por el ex concejal José Luis Peñas que destaparon el «caso Gürtel» –«es prematuro sin entrar a valorar la prueba», aseguró Hurtado– y reiteró que la nulidad de las escuchas de los abogados en prisión –autorizada por Baltasar Garzón y que acarreó su expulsión de la carrera judicial– no puede extenderse a la totalidad de la causa. Avaló igualmente el informe de Hacienda sobre las cuentas en España y Suiza del ex tesorero del PP Luis Bárcenas –aportado al procedimiento hace sólo unos días por la Fiscalía Anticorrupción– y contra el que se habían revuelto las defensas. Hay tiempo para estudiarlo, vino a decir el presidente del tribunal, «hasta el segundo trimestre de 2017», cuando se aportará como prueba documental en la vista oral, un juicio, que avisó a navegantes, no terminará antes de julio del próximo año.

Los magistrados también mantuvieron la condición del PP como partícipe a título lucrativo en el proceso, remitiéndose a la prueba que se practicará en el juicio para pronunciarse al respecto en la sentencia. Y lo hicieron después de que la fiscal de Anticorrupción Concepción Sabadell reafirmase que fue la formación popular –y no sus grupos municipales en las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda– la que se benefició de más de 245.000 euros «de fondos procedentes de delitos de cohecho y malversación», con los que se pagaron las campañas electorales en ambos municipios. «Su condición de partícipe a título lucrativo es plenamente válida».

La representante del Ministerio Público repartió reproches a discreción entre las defensas, a las que nada más comenzar su intervención acusó de intentar detener el juicio ante la «abrumadora prueba», «intoxicando» el trámite de cuestiones previas en un ejercicio de defensa que calificó sin pestañear de «oportunista e impresentable». Sin tiempo a recuperarse del rapapolvo, los letrados tuvieron que escuchar aún cómo la fiscal Sabadell les afeaba la «falta de argumentación jurídica» de sus planteamientos.

Tanto Anticorrupción como la Abogacía del Estado defendieron igualmente –una interpretación que hizo suya después el tribunal– la utilización de la información bancaria remitida por Suiza aunque esa cesión de datos esté pendiente de recurso en el país helvético. El abogado del Estado no perdió ocasión, incluso, para rebatir a las defensas, según las cuales la solicitud de esa información bancaria se enmascaró al relacionarla con un fraude, y no con delitos fiscales. «Llevo muchos años peleándome con el delito fiscal, he mandado muchas comisiones rogatorias a Suiza –enfatizó el abogado del Estado Edmundo Bal– y qué más quisiera yo que engañar a las autoridades suizas; es imposible. Son muy celosas con la información de sus ciudadanos».

El tribunal también validó el cambio de orden de las declaraciones de los acusados para que abran fuego los tres «arrepentidos», aunque uno de ellos, el ex concejal de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández, fue detenido ayer por otra causa pendiente.

El tribunal autorizó ayer a la mayoría de los 37 acusados a no asistir a la totalidad de las sesiones, siempre que estén a disposición de la Sala. Con una salvedad: el «grupo de Correa» (además del empresario, los procesados Pablo Crespo, Álvaro Pérez «el Bigotes», el contable José Luis Izquierdo, Isabel Jordán, Alicia Mínguez y José Javier Nombela); sus presuntos enlaces en las diversas tramas (Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda, Ricardo Galeote y Luis Bárcenas); Luis de Miguel, «cerebro» financiero de la red, y el ex edil que destapó el caso, José Luis Peñas.