Piden 28 años para el ex consejero de Empleo por los ERE

Anticorrupción suma 20 a los ocho que ya solicitó para él en la rama política del caso, por ayudas dadas a las empresas Surcolor y Acyco.

Los investigados en el «caso ERE» han asistido a diversas mutaciones de un «macroproceso» judicial que se encamina a los seis años de instrucción y a un río de recursos que van y vienen. En ese contexto, la Fiscalía Anticorrupción solicita ahora 20 años y 4 meses de cárcel y 44 años de inhabilitación para el ex titular de Empleo del Gobierno andaluz Antonio Fernández en las piezas que orbitan alrededor de las ayudas concedidas a las empresas sevillanas Acyco, que recibió 3,2 millones, y Surcolor/Surcolor Óptica, a las que se les abonaron 2,3 millones, y en cuyos expedientes se incluyeron, según el sumario, «intrusos», es decir, beneficiarios de pólizas que lo fueron sin haber trabajado en esas entidades. A esto hay que sumar que el ex consejero ya se enfrentaba a otros ocho años de prisión reclamados también por el Ministerio Público en el marco de las diligencias abiertas en torno al denominado procedimiento específico por el que se repartieron los fondos públicos, el bloque político de la causa en el que están implicados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

De vuelta a la actualidad, la Fiscalía ha presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que arma el «macrocaso», dos escritos de acusación distintos consultados por LA RAZÓN, uno ligado a las actuaciones centradas en Surcolor y Surcolor Óptica, en las que hay 16 encausados; y otro vinculado a Acyco, donde los señalados son una docena. En ambas hay implicados siete ex altos cargos de la Junta. En este último, Anticorrupción demanda para Fernández ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por los presuntos delitos continuados de prevaricación en concurso medial y malversación, así como cuatro años y medio de cárcel, cuatro años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por un supuesto delito de prevaricación en concurso medial y un segundo de falsedad en documento oficial. Por lo que respecta a los otros cinco ex cargos investigados aquí, se requieren 12 años y medio de prisión, cuatro de inhabilitación y 5.400 euros de multa para el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá; ocho años, seis años y cuatro años y medio de cárcel, para los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, respectivamente; y ocho años de prisión y otros 20 de inhabilitación para el ex director general del extinto IFA –luego agencia IDEA– Miguel Ángel Serrano. La Fiscalía pretende además que los autores y cooperadores necesarios del delito de malversación, entre los que encuadra a todos los ex altos representantes del Ejecutivo regional a excepción de Márquez, indemnicen de manera solidaria al Ejecutivo regional con tres millones de euros. La amenaza de la pérdida de libertad pesa también en distinta medida sobre la ex presidenta de Acyco Encarnación Poto, los abogados José M. Caballero y Gabriel Barrero, y el ex directivo de la aseguradora Vitalia Antonio José Albarracín.

En cuanto a Surcolor y Surcolor Óptica, lo planteado por el Ministerio Público pasa por ocho años más de prisión y 20 de inhabilitación para Fernández, Barberá, el llamado «conseguidor» de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas; y para el presunto «testaferro» Juan Francisco Algarín. A ello se añade ocho de prisión para Guerrero y para el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; seis y 10 años de inhabilitación para Márquez y Rivera; y penas de entre cuatro y ocho años de cárcel para el resto de los acusados. Anticorrupción quiere, asimismo, que entre todos «restituyan» a la Junta 984.921 euros y que la entidad Fiteqa-CC OO responda de manera subsidiaria de las cantidades exigidas en concreto al representante sindical que fue imputado José Hurtado Quirós. Según se asevera en el escrito de la Fiscalía, los investigados en estas diligencias «conocían que no se había seguido procedimiento alguno» para otorgar la ayuda directa destinada al pago de las indemnizaciones por despido a 24 trabajadores, más dos «intrusos». Sostiene que no se formuló solicitud ni se siguió una mínima tramitación administrativa para la asignación del dinero, lo que incluye que ni siquiera se dictó resolución de concesión del mismo ni se requirió «justificación alguna». El relato del Ministerio Público de lo sucedido incluye que la ayuda no fue publicada ni registrada en la base de datos de subvenciones de la Junta «deliberadamente» y que Lanzas hizo que Algarín, «como empresario individual y sin haber realizado ninguna prestación de servicios o entrega de bienes», facturara en 2006 un global de 118.752 euros a Surcolor, Surcolor Óptica e Indobarasa como «contraprestación económica a la consecución de los fondos públicos de la Junta». Para los fiscales, el supuesto «testaferro» sabía que el importe reseñado de las facturas que había emitido correspondía a eso.

El abogado de Fernández, quien encara una petición de 28 años de privación de libertad por los ERE, Alfonso Martínez del Hoyo, recordó a este periódico el incidente de nulidad «sin resolver» que promovió el pasado junio y los recursos presentados en relación a los cierres de las instrucciones de Acyco y Surcolor, tras los cuales se han producido los escritos de acusación de la Fiscalía que están, a su juicio, «en un contexto de nulidad de actuaciones» y podrían vulnerar los derechos fundamentales de su cliente. La defensa del ex consejero considera que éste «sólo puede ser sometido una vez a juicio por unos mismos hechos». Entiende que lo analizado en las piezas de Acyco y Surcolor es «una parte del todo» que «ha sido objeto ya de acusación en la pieza del procedimiento específico». «Por tanto –incide rotundo– no cabe una nueva y duplicada acusación por los mismos hechos».

El paso dado por Anticorrupción llega después de que la instructora de la «macrocausa», María Núñez, infringiera a ésta el martes un golpe de timón al archivar la pieza sobre la ayuda dada a Azucareras Reunidas de Jaén, libre de «intrusos», tras concluir que, aunque la fórmula de concesión fuera «ilegal» –tesis en la que se basa la rama política–, los hechos investigados no revestían carácter delictivo.