El fiscal pide seis años de cárcel para Griñán y 10 de inhabilitación para Chaves por los Ere

Junto con otros ex cargos de la Junta gestionaron cientos de millones de ayudas sociolaborales «a su libre arbitrio» obviando a la Intervención.

Los ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán se sentarán en el banquillo con unas acusaciones muy graves por el «caso de los Ere» y, en concreto en la pieza que afecta al procedimiento específico por el que fueron concedidas las subvenciones investigadas en el caso de expedientes de regulación de empleo presuntamente fraudulentos, entre los años 2001 y 2010. Griñán –quien dio el relevo a Susana Díaz al frente del Ejecutivo andaluz–, se enfrentará a una petición fiscal de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que para su antecesor solicita diez años de inhabilitación especial por un único presunto delito de prevaricación continuada. Junto a ellos, serán juzgados, entre otros, los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, para quienes el fiscal reclama ocho años de prisión; la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, que se enfrenta a seis años de cárcel, y los ex consejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez (ministra de Trabajo con el Gobierno del PSOE) para los que solicita 10 años de inhabilitación. En total serán 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía los que tengan que responder por la concesión de estas ayudas, de si se siguió el procedimiento establecido o si, por el contrario, esos fondos públicos se gestionaron «de forma arbitraria y sin procedimiento alguno». Para once de ellos reclama 11 años de prisión por malversación.

Y es que, para el Ministerio Público, los acusados hicieron caso omiso desde el principio de las advertencias realizadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía en sus informes, donde se ponían de relieve las «irregularidades o deficiencias» en la gestión de las ayudas sociolaborales que concedía la Consejería de Empleo –anteriormente, de Trabajo e Industria–. Estos reparos de la intervención andaluza llegaron a cuestionar y retardar el pago de este tipo de ayudas, lo que suponía un aumento de la conflictividad sociolaboral en Andalucía.

Una vez que en el ejercicio del año 2000 se pusieron de manifiesto esas irregulares, y con el fin de «soslayar los reparos de la Intervención», Manuel Chaves, como presidente de la Junta, Gaspar Zarrías, consejero de Presidencia, Magdalena Álvarez, consejera de Economía y José Antonio Viera, consejero de Empleo, entre otros, «procedieron a proponer, tramitar y aprobar» las modificaciones presupuestarias. De esta forma, se introdujo una aplicación presupuestaria, «las transferencias de financiación» al Instituto de Fomento de Andalucía (ente público adscrito a la Consejería de Empleo hasta mayo de 2004, a partir de ese ejercicio pasó a denominarse Agencia IDEA y a depender de la Consejería de Innovación ), en materia de relaciones colectivas, lo que permitía de manera consciente que los fondos públicos destinados a estos colectivos se gestionaran sin la obligada fiscalización crítica o previa». De esta forma, señala el fiscal, se evitaba la «labor de fiscalización de la Intervención, que entorpecía y casi impedía este sistema de ayudas».

En esa línea, añade que ni Chaves ni Gaspar Zarrías ni Griñán, cuando era consejero de Hacienda, o los responsables de la consejería de Empleo, no tomaron ninguna decisión «que pusiera freno» al procedimiento seguido por la citada consejería en la gestión de esas «ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis», conociendo en todo momento las «irregularidades» que se recogían en las memorias de la Intervención General de Andalucía.

De esta forma, se lograba que a gestión de estas «ayudas sociolaborales» –de las que no se tenía público conocimiento porque al tratarse de ayudas excepcionales no tenían convocatoria a pesar de ser lo obligado–, junto con otro grupo de ayudas que se englobaron en las denominadas «a empresas» –que también carecían de convocatoria–, ya no quedasen sujetas a una fiscalización previa individualizada, lo que permitió que, de hecho, no se tramitaran expedientes en los que quedasen registrados cada fase de esas ayudas. Con este sistema se beneficiaron «unas 77 empresas» que tuvieron necesidad de presentar expedientes de regulación de empleo, pero que, dado que no existía una regulación de esas convocatorias, «se vieron privados de su derecho a acceder a estas ayudas un importante número de trabajadores afectados por el desempleo o/y situaciones de crisis similares».

Junto a ello, añade el escrito de acusación del fiscal, el hecho de que no se exigiera justificación alguna respecto a los beneficiarios, ni se realizara seguimiento de la situación laboral de los mismos, «ha permitido que número de ellos siguiese percibiendo las rentas, aun habiéndose incorporado al mercado laboral».

En cuanto a las ayudas a empresas en crisis, al no haberse regulado, «como era exigido», mediante una convocatoria que garantizase su publicidad y conocimiento general «por los potenciales beneficiarios de las mismas, hizo que muchas empresas en situación de crisis económica o tecnológica; constatándose, además, que un gran número de esas ayudas concedidas carecían de un «objeto concreto», respondiendo a fines como pago de deudas, nóminas, avales, etc. También se emplearon esos fondos a fines «distintos y ajenos» a los recogidos en el fondo del programa que lo regulaba. Así, por ejemplo, con cargo a esas partidas se abonaron 3,3 millones de campañas de comunicación sobre fomento del empleo; 180.304 euros para financiar un programa de formación de voluntarios para los Juegos del Mediterráneo que se celebraron en Almería; o para colaboración con la financiación de «16 muestras de artesanía» y jornadas relacionadas con el empleo por municipios andaluces en los años 2002-2004, «de los cuales, 14 eran regidos por el PSOE, uno por el Partido Andalucista y uno por IU».