La Fiscalía pide al Govern que aclare si usó ficheros públicos con datos personales el 9-N

El fiscal solicita al magistrado que ordene nuevas diligencias para establecer hasta qué punto la Generalitat mantuvo "en todo momento y hasta el final"un control determinante sobre la preparación y desarrollo de la votación, "en abierta contradicción con la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional".

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordene la práctica de varias diligencias para esclarece cómo el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) proporcionó las plataformas informáticas para la votación del 9N. Su objetivo es determinar si en la votación se utilizaron ficheros públicos que contenían datos personales de los ciudadanos.

Según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado, el Ministerio público ha presentado un escrito ante la sala del alto tribunal catalán que investiga al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera de Educación en funciones, Irene Rigau, por la consulta soberanista del 9N, solicitando nuevas diligencias sobre el caso.

La información sobre la forma en que se contrataron, desarrollaron e implementaron los aplicativos que sirvieron de base para la consulta del 9-N, procede de la documentación remitida a la autoridad judicial a instancias de la propia Fiscalía por las empresas que prestan servicios TIC a la Generalitat. En esta documentación, explica la Fiscalía, se observan elementos que «inequívocamente» apuntan a que en el seno del marco contractual pre-existente entre el CTTI y dichas contratistas privadas «se encargó el desarrollo de instrumentos informáticos específicamente destinados a ser utilizados en la votación».

Por todo ello, desde el Ministerio Público solicitan al magistrado que ordene nuevas diligencias apra establecer «hasta qué punto la Generalitat mantuvo en todo momento y hasta el final un control determinante sobre la preparación y desarrollo de la votación», en abierta contradicción con la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional».