La Fiscalía pide investigar la gestión en el Canal de dos ex consejeros de Gallardón

Reclama a la Audiencia Nacional su imputación en el «caso Lezo» por la compra de Inassa.

La Fiscalía Anticorrupción quiere que los 14 ex integrantes del consejo de Administración del Canal de Isabel II declaren como investigados ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que en el marco del «caso Lezo» indaga en la supuesta compra irregular, por parte del Canal, de su filial colombiana Inassa en diciembre de 2001 por 73 millones de dólares. Entre ellos figuran dos de los hombres de confianza del ex presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, los ex consejeros Pedro Calvo y Juan Bravo, actual presidente de ADIF.

En total, los fiscales del caso solicitan al instructor la declaración como investigados de 26 personas (incluido el entonces gerente de la empresa pública de aguas, Arturo Canalda) y que otras 24 comparezcan como testigos.

Asimismo, Anticorrupción quiere que García Castellón reclame de forma urgente a los actuales responsables del Canal para que antes de diez días remita, por un lado, toda la información enviada en su día al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el consejo de administración del Canal que dio el visto bueno a la compra de Inassa. Y, por otro, los informes que la Intervención General autonómica elaborase sobre la operación de compra.

La Fiscalía también quiere que la Comunidad de Madrid identifique a todos los miembros del Gobierno, que entonces presidía Ruiz-Gallardón, que dictaron el acuerdo de 29 de noviembre de 2001 autorizando al Canal la creación de Canal Extensia, la sociedad que se utilizó para la compra del 75 por ciento de la colombiana Inassa. Ese acuerdo, recuerda el Ministerio Público en el escrito remitido a la Audiencia Nacional, estaba firmado por Bravo, entonces consejero de Hacienda, y por el propio Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid.

resulta «esencial»

Para la acusación pública, resulta «esencial» para avanzar en la investigación conocer tanto el acta de ese Consejo de Gobierno como la documentación de la que dispusieron los consejeros para adoptar esa decisión. Todo con el objetivo de pedir «la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno» que adoptaron el mismo.

Los fiscales de Anticorrupción aprecian indicios de la existencia de «un cúmulo de irregularidades» en esa operación, sobre todo «en la forma en que se planificó y ejecutó» la adquisición y en la determinación del precio de compra. Y es que, según la Fiscalía, «pudo haber una sobrevaloración» de ese montante además de unas condiciones contractuales «claramente perjudiciales» para el Canal de Isabel II y, por tanto, «para los intereses públicos por los que debió velar».

Por este motivo, ve necesario esclarecer los términos de la operación para determinar el alcance de las supuestas irregularidades, las personas que participaron y, en su caso, la relevancia penal de los hechos investigados.

Además de Calvo y Bravo, los otros integrantes del consejo de administración del Canal cuya declaración como investigados solicita la Fiscalía son: Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz.

Anticorrupción considera que el Canal se excedió en el objeto autorizado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, al adquirir además del 75% de Inassa el 51% de una sociedad dominicana, Watco. Del mismo modo, destaca el hecho de que no se efectuase una compra directa, como se había autorizado, sino utilizando «una sociedad interpuesta residenciada en un paraíso fiscal», pues lo que se compró en realidad, subraya la Fiscalía, «fue la totalidad de una sociedad panameña llamada Sociedad de Aguas de América», propietaria del 75% de las acciones de Inassa que se transmitieron a Canal Extensia.