El juez cierra la vía a la candidatura de Jordi Sánchez

Llarena cree que los indicios contra él «se han afianzado» y que revalidó su delito al ir con JxCat el 21-D.

Los grupos independentistas deberán buscar un nuevo candidato para presidir la Generalitat, toda vez que Jordi Sánchez no iba abandonar la prisión de Estremera acudir a la sesión prevista inicialmente para el lunes porque el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena le ha denegado tanto la libertad provisional como el permiso penitenciario que solicitaba para acudir a pronunciar su discurso y recibir el previsible apoyo de la mayoría de la Cámara para sustituir al prófugo Puigdemont al frente del Ejecutivo catalán, tal como adelantó en exclusiva LA RAZÓN el pasado día 27. El instructor de la causa contra el «Procés» sostiene que los indicios de delito contra Sánchez «se han ido afianzando a lo largo de la instrucción», así como «su participación en un concierto de voluntades para conseguir la República en Catalunya fuera de todo cauce legal». La Fiscalía se había opuesto también radicalmente a las pretensiones de Jordi Sánchez.

En la resolución del magistrado –que no ha esperado a que se agote el plazo dado a las partes, que vencía el lunes–, donde adelanta que la instrucción de la causa está ya en su recta final, se destacan cinco indicios que apuntalan su posible responsabilidad en un delito de rebelión/sedición y una contundente conclusión de la posibilidad de reiteración delictiva si se permitiese acudir al Parlament. Esa reiteración delictiva derivaría de que los delitos que está investigando se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas «claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente».

Así, entre los indicios destacan su participación, como presidente de la Asociación Nacional Catalana, en un «concierto de voluntades orientadas a lograr la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña» a través de importante movilización ciudadana «que forzara al Estado a aceptar una nueva República».

Junto a ello, el magistrado señala la participación de ANC, según se desprende del contenido de la agenda incautada a Josep María Jové, en las reuniones entre representantes de partidos y asociaciones soberanistas, en las que se evidencia la existencia de una «actuación coordinada y compartida, en la que cada cual asumió un papel específico». Y en esas reuniones Jordi Sánchez, afirma Llarena, llegó incluso a sostener «que hablaba «en nombre del ex presidente Puigdemont o de los partidos soberanistas PDeCAT, ERC o la CUP», además de proclamarse «garante de que se celebraría el referéndum del que derivaría la declaración de independencia, salvo que el gobierno del Estado lo impidiera con actos impropios».

Y, Junto a todo ello, Jordi Sánchez reclamó «determinación» para poner las urnas el 1 de octubre y animó a la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, «a mostrar desobediencia si el TC la sancionaba por permitir la votación parlamentaria que abría la puerta a convocar el referéndum unilateral».

En cuanto al riesgo de reiteración delictiva, el instructor alude a que Jordi Sánchez «ha revalidado su compromiso delictivo, integrándose en una candidatura que proclama, precisamente, continuar ejerciendo el método de actuación que se enjuicia; y, además, ha reflejado una «determinación tan obcecada, que su acción delictiva nunca se detuvo ante el riesgo de que pudiera a un violento estallido social, con posibles e irreparables consecuencias físicas en los sujetos afectados y con relevante en la convivencia del grupo social».