La Guardia Civil cifra en 3,4 millones las «comisiones» pagadas a UGT-A

Entrega un informe al juez que investiga las supuestas facturas falsas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha fijado la suma presuntamente defraudada por UGT a través del sistema de rápeles a sus proveedores implantado por la cúpula de la organización: 3.440.765 euros, según consta en un atestado entregado ayer al juzgado de Instrucción 9 de Sevilla y al que tuvo acceso LA RAZÓN. Existían varios procedimientos para el desvío de los fondos. El sindicato recibía subvenciones de la Junta de Andalucía para la ejecución de distintos programas. Las empresas externas que contrataba para algunas de las tareas presentaban una factura «oficial» que era la que servía para justificar la ayuda ante la Administración; en otro documento se establecía el «rápel, descuento o comisión», pactado previamente con el sindicato por un porcentaje de la cantidad justificada. Ese importe era abonado por el proveedor a UGT. De hecho, estaba tan institucionalizado que, como publicó LA RAZÓN, llegó a acordarlo mediante contrato en el que se detallaba que el abono debía realizarse mediante un talón.

Los investigadores apuntan que «una vez plasmados los registros que el aplicativo ERP SPYRO arroja para cada uno de los proveedores especificados en el documento “Descuentos y rápels”, así como las condiciones específicas que, bien en concepto de rápel o de descuento, le consta a cada uno; se puede observar cómo UGT-A habría recibido en los ejercicios que a continuación se detallan la cantidad total de 3.440.765; importe que en su mayor parte supuestamente habría sido abonado en efectivo».

Exponen a continuación «los proveedores que engrosaron la citada cantidad» entre 2005 y 2013. En las conclusiones del atestado, la UCO también pone el acento en la relación de UGT-A con Soralpe y el Instituto de Formación y Estudios Sociales y alerta de un posible «artificio financiero creado en el seno del sindicato, mediante el cual UGT-A cedía sus instalaciones a la mercantil Soralpe, para que ésta, a su vez, facturase a IFES (propiedad de UGT) por el uso de dichas instalaciones con ocasión de la celebración de diferentes acciones formativas, derivándose, por tanto, una situación irreal mediante la cual se estaban justificando gastos ante la entidad concedente de las subvenciones que en sí no lo eran».

Las cifras son abultadas. El análisis de los datos señala que UGT-A «declaró pagos a IFES por importe de 2.539.816,88 (2008-2012) y que realizó pagos «en el periodo entre 2005 y 2013 por importe neto total de 105.928.030,05 euros».

«Respecto al periodo comprendido entre 2008 y 2012, a através de ERP SPYRO se obtiene que UGT-A facturó a IFES por un importe de 57.960.957,33 euros (...). De este modo, se evidencia una diferencia entre lo declarado por ambos organismos a la AEAT y lo que efectivamente se ha mecanizado en el ERP SPYRO de 55.421.140».

Además de las comisiones, el sindicato disponía de un «bote» con estas empresas generado también a través del dinero que recibía de consejerías de la Junta. El atestado detalla la «sobrefacturación por parte de proveedores por servicios o mercancías no prestadas o servidas», práctica «que generaría un saldo a favor del sindicato –un “bote”–, que se aplicaría a gastos diferentes a los subvencionados».