La Guardia Civil rastrea una cuenta de Diplocat en Bruselas para burlar el 155

El registro en la sede del organismo el pasado día 21 intenta esclarecer si se llegó a abrir y su utilidad.

La Guardia Civil sospecha que Diplocat, el organismo dependiente de la Generalitat encargado de impulsar la labor diplomática en el extranjero, abrió una cuenta bancaria en Bruselas días antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución el pasado 27 de octubre para eludir la intervención de la institución. Así consta en uno de los últimos informes aportados por el Instituto Armado a la causa en la que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena investiga por malversación de caudales públicos a los principales responsables del proceso independentista en Cataluña.

Los investigadores recelan del poder otorgado el pasado 18 de octubre (sólo nueve días antes de la aplicación del 155) por el entonces secretario de Diplocat, Albert Royo, en favor de un empleado del organismo, Pol Santalo, «para que única y exclusivamente pudiera abrir una cuenta bancaria a nombre de Diplocat en cualquier entidad bancaria situada en Bruselas (Bélgica)». Gracias a la información obtenida «a través de inteligencia financiera» y del listado de trabajadores obtenido por medio del Punto Neutro (una herramienta judicial para acceder a las bases de datos de instituciones y organismos públicos), la Guardia Civil acudió al Consejo General del Notariado «para conocer posibles actividades» de los empleados de Diplocat. Gracias a esas gestiones afloró el poder otorgado por el secretario del organismo ante un notario de Barcelona.

La fecha en que se lleva a cabo esa actuación con el objetivo de abrir una cuenta en Bruselas lleva a la Guardia Civil a pensar que puede tratarse de una «estrategia» para «evitar los efectos del artículo 155 y sustraerse de esa manera a la posible intervención del Estado». No obstante, precisa, «no se conoce si esa cuenta se llegó o no a aperturar».

Diplocat está en el punto de mira de la investigación por malversación por los 217.656 euros que se habrían pagado a los observadores internacionales en el referéndum ilegal del 1-O, de los que 40.591 corresponden a billetes de avión y hoteles (ver documentación adjunta del informe policial). La Generalitat utilizó a la Delegación del Govern ante la Unión Europea, dependiente de la Conselleria de Exteriores que dirigía Raül Romeva, para pagar 177.065 euros provenientes de fondos públicos a The Hague Center for Strategic Studies, la institución neerlandesa a la que se encargó supervisar el referéndum a través de diversos observadores.

La persona que autorizó esa contratación fue Aleix Villatoro, entonces secretario general del Departamento de Exteriores que encabezaba Romeva, a petición de Amadeu Altafaj, director de la Delegación de la Generalitat ante la Unión Europea.

Según se reseña en el informe, este organismo tiene tres cuentas bancarias en la sucursal del BBVA en Bruselas, donde la delegación tiene su sede. Desde una de ellas se efectuaron dos transferencias, en septiembre y octubre del pasado año, por importe de 58.250 y 61.450 euros en favor de The Haghe Center for Strategic Studies por «contrato de servicios».

Pero la Guardia Civil tiene claro que, pese a que fue la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la UE la que contrató a los observadores internacionales, «la logística de los mismos (traslado, alojamiento y manutención) ha estado financiada por el Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomacia Pública de Catalunya (PCM-Diplocat)».

Con el objetivo de precisar el número exacto de observadores –que no se ha podido determinar «debido a la negativa por parte de Diplocat a facilitar los datos de los mismos»–, comprobar si el organismo llegó a abrir in extremis una cuenta en Bruselas antes de la aplicación del 155 y seguir el rastro de los pagos efectuados desde Diplocat «para llevar a cabo actuaciones relacionadas con el referéndum», la Guardia Civil solicitó autorización judicial para entrar en su sede. El registro se llevó cabo finalmente el pasado día 21.

La abundante documentación aportada por la Guardia Civil identifica también el pago de 3.180 euros de Diplocat al Hotel Gallery, donde el 30 de septiembre del pasado año se celebró un acto, al que asistieron 50 personas, en el que «compartieron opiniones los distintos observadores internacionales». En las fotografías del acto publicadas en su cuenta de Twitter por la eurodiputada María Lidia Senra (Alternativa Galega de Esquerdas) se aprecia, subraya el Instituto Armado, que los observadores internacionales portaban acreditaciones de la Generalitat de Cataluña y carpetas con el logotipo de Diplocat.

El titular del Juzgado número 13 de Barcelona –que investiga el 1-O– solicitó información a la Generalitat sobre los costes del traslado y estancia de los observadores, pero su asesoría jurídica contestó que «en ningún departamento de la Generalitat» se había efectuado gasto alguno en relación con el referéndum.