Guardia Civil

La Guardia Civil respeta pero no comparte la rebaja de penas a los atacantes de Alsasua

"Fueron agredidos por ser guardias civiles", asegura la AEGC

Manifestación a favor de los agresores de Alsasua/Foto: Efe/Villar López
Manifestación a favor de los agresores de Alsasua/Foto: Efe/Villar Lópezlarazon

La Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) no comparte la sentencia que acaba de hacer pública el Tribunal Supremo sobre los ocho acusados de agredir en Alsasua en octubre de 2015 a dos guardias civiles y sus parejas.

La Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) ha hecho pública una nota en la que señala que no comparte la sentencia del Tribunal Supremo sobre los ocho acusados de agredir en Alsasua en octubre de 2015 a dos guardias civiles y sus parejas.

“La rebaja de la condena a estos individuos, por eliminar el alto tribunal el agravante de discriminación y la de abuso de superioridad, supone la rebaja de casi cinco años de cárcel a alguno de los acusados. Desde AEGC respetamos, como no puede ser de otra manera, la decisión del Alto Tribunal pero como representantes de los guardias civiles no podemos, de ninguna de las maneras, estar de acuerdo con ella ya que con este cambio en la valoración se ha dejado a los guardias civiles agredidos desprotegidos, al igual que a sus parejas quienes fueron víctimas también de la agresión solo por su relación con los dos agentes”.

“AEGC no entiende cómo que la Sala de lo Penal no considera el agravante de discriminación ya que si los dos agredidos no hubieran sido guardias civiles nunca se hubieran producido el ataque contra ellos y sus parejas. Para nuestra asociación si es importante que se mantenga las responsabilidades civiles por el daño psicológico y moral que han causado a las cuatro víctimas quienes han tenido que abandonar la localidad por la presión y el acoso que tuvieron que soportar tras la agresión”. “Los mismos que cada verano se manifiestan y acosan a los guardias civiles cuando celebran el Ospa Eguna sin que hasta la fecha ni el Ministerio del Interior ni la Fiscalía haya hecho nada por impedir lo que consideramos un delito de odio”.