La jueza confirma que procesa al PP por borrar los ordenadores de Bárcenas, aunque no por encubrimiento

La juez ha desestimado los recursos contra su decisión de procesar a José Manuel Moreno, a la tesorera de la formación Carmen Navarro, al abogado Alberto Durán y al propio partido como persona jurídica por ls destrucción de los ordenadores de Bárcenas

El PP seguirá procesado por el borrado de los discos duros de los dos ordenadores que Luis Bárcenas tenía en la sede del partido, a la espera de lo que decida la Audiencia Provincial de Madrid. La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de la capital, Rosa María Freire (a la que el PP ha recusado dos veces por enemistad manifiesta), ha rechazado los recursos planteados por la Fiscalía, la formación popular y su ex informático José Manuel Moreno contra la decisión de la magistrada de procesar al propio Moreno, al PP, y a su tesorera y abogado, Carmen Navarro y Alberto Durán, respectivamente, por la destrucción de esa información. No obstante, en su resolución la jueza aclara que, como persona jurídica, al Partido Popular no se le puede imputar en esta causa un delito de encubrimiento (que sí atribuye al resto de procesados), sino únicamente de daños informáticos.

Freire reprocha al partido en el Gobierno que llevase a cabo «un borrado a conciencia con ánimo de destruir, no sólo los archivos existentes, sino cualquier otra información que hubiera existido previamente» y que pudiera analizar posteriormente la Policía.

La magistrada subraya que todos los investigados conocían «de primera mano» las investigaciones que llevaba a cabo la Audiencia Nacional «sobre la contabilidad paralela del Partido Popular y sobre su financiación ilegal». ¿Dónde podría estar toda esa información «reclamada reiteradamente por la Fiscalía Anticorrupción y por el Juzgado Central de Instrucción número 5»?, se pregunta. La misma Freire da la respuesta: «En manos del que había sido el encargado de sus cuentas durante los periodos investigados, es decir, el sr. Bárcenas», quien hasta mediados de 2013, recuerda, disponía en la sede del PP en Madrid de «todo tipo de recursos a su disposición». El PP, se queja, debió poner a disposición del juez esa información, «o al menos hacerle saber su existencia», en lugar de destruir los dispositivos, por lo que la magistrada confirma su procesamiento, sobre el que ahora deberá pronunciarse la Audiencia de Madrid.