El juez belga cierra el caso de extradición de Puigdemont y los exconsejeros

Tras al petición del Tribunal Supremo, queda cancelada la petición de euroorden

La Justicia belga ha dado hoy carpetazo el caso Puigdemont. Tras la retirada por parte del juez Pablo Llanera de la solicitud de extradición del ex president de la Generalitat y los cuatro ex –consellers que continúan en suelo belga, el juez se limitó a un procedimiento puramente formal después de que comparecieran ante la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia, los abogados de los acusados. Un respiro para Bélgica en general y el ejecutivo de Charles Michel en particular, que desde la inesperada llegada de Puigdemont al país, se ha enfrentado a tensiones dentro de la propia coalición de Gobierno –con la presencia de los nacionalistas flamencos- y a un conato de seria crisis diplomática con España.

Con la decisión de esta mañana termina un complicado proceso judicial que podía haberse demorado hasta mediados del mes de febrero. La legislación belga permite que el proceso de entrega de euroorden se dilate hasta los 90 días en casos excepcionales.

Junto a la retirada de las eurordenes, las autoridades españolas también dieron marcha atrás en las órdenes de búsqueda y captura para los cinco políticos fugados. Tras la petición del juez Llanera, también desaparecieron las medidas cautelares. Desde el pasado cinco de diciembre, Carles Puigdemont no está obligado a comunicar su paradero ni sus movimientos dentro del país cada 24 horas, tal y como le había sido requerido, lo que le deja la puerta abierta a proseguir la campaña electoral sin ningún tipo de cortapisa hasta el 21 de diciembre. Nada le impide regresar a España, salvo la posibilidad segura de ser detenido y juzgado por todos los cargos que se le imputan. El expresident ya ha anunciado que no se plantea por el momento volver a Cataluña, salvo ante la posibilidad de ganar las elecciones y ser investido president.

En la petición de extradición, la juez Camen Lamela acusó de cinco delitos a los políticos catalanes: rebelión, sedición, malversación de caudales público, prevaricación y desobediencia a la autoridad. Para que la euroorden pudiera ejecutarse, la justicia belga debía demostrar la equivalencia en al menos uno de los cargos La Fiscalía desechó la posibilidad de equiparar el cargo de prevaricación y decidió agrupar los delitos de rebelión y sedición bajo el epígrafe de coalición de funcionarios- Este movimiento fue cuestionado por los letrados de los acusados, comandados por Paul Beckaert y reputados penalistas belgas también dudaron de la equivalencia entre estos dos últimos delitos y el ordenamientos jurídico del país. La Justicia española corría el peligro de que la ejecución de la euroorden se saldara con una acotación de los delitos y que Carles Puigdemont fuera juzgado tan sólo por la malversación de caudales públicos, lo que hubiera supuesto una rebaja muy sustancial de la posible pena.

En la última reunión de los ministros de Justicia de la UE de la semana pasada, el titular español, Rafael Catalá aprovechó la ocasión para mostrar a la Comisaria de Justicia, Vera Jourova la preocupación de España por el “uso indebido de la libre circulación” en relación al caso del expresident. A pesar de esto, Catalá en ningún momento utilizó la reunión con sus homólogos europeos para plantear una reforma de la euroorden con una propuesta concreta de mejora. En una rueda posterior a la reunión de los ministros de Justicia, la Comisaria dejó claro que, al menos por el momento, Bruselas no quiere abrir ese melón. “La Comisión no comparte que la mejora implique una revisión y extender el catálogo”, aseguró Jourova en relación a la equivalencia automática que ahora mismo sólo se da en una lista 32 delitos y que derivan en una entrega prácticamente inmediata del acusado. Los cargos señalados por la juez Lamela no estaban en esta lista.