La mujer del presidente de Acaip, también investigada por malversación

Ambos concedieron contratos por valor de 700.000 euros a empresas de sus familiares.

Los problemas judiciales para el presidente en funciones del sindicato de prisiones Acaip, José Luis Pascual, que lleva quince años como liberado sindical, no se circunscriben sólo a su persona. Su mujer, Sonia Fernández, también está siendo investigada por malversación de caudales públicos en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitigudino, con diligencias previas 691/2014.

Como ha publicado este diario, el origen de esta presunta trama se remonta a 1999, cuando Pascual llega al ayuntamiento de Trabanca, un municipio de poco más de 200 habitantes de la provincia de Salamanca. Entonces, decide prescindir del secretario-interventor del consistorio y pasa a ocupar el puesto fiscalizador (imprescindible para controlar los movimientos económicos) la que a la postre fuera su mujer, Sonia Fernández. Ahí, comienza a funcionar el tándem Pascual-Fernández que ahora está siendo analizado con lupa por la Justicia. La casualidad de que fuera ella quien ocupara la importante plaza está en entredicho. Uno de los aspectos que investiga el juzgado salmantino es si Fernández estuvo durante un tiempo ejerciendo de secreataria-interventora del Ayuntamiento sin haber sacado la oposición, algo que logró en 2011. Sin embargo, ella y su marido, operaban de forma conjunta desde poco después de tomar éste la alcaldía. De hecho, la jueza que investiga el caso ya ha solicitado el certificado de los periodos en los que Fernández fue secreataria del consistorio. Lo que parece que está claro es que no fue nombrada por un procedimiento ordinario; es decir, mediante una resolución como funcionaria interina por la Dirección de ordenación del territorio y Administración Local de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León o a través del artículo previsto en el decreto 3/2005 de 28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la Bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo. En cualquier caso, Fernández ocupaba ese puesto y, según denunció el equipo de Gobierno que les sucedió en el Ayuntamiento, llamaba la atención la «regularidad de la contratación administrativa», en particular, con dos empresas, sobre las que se circunscribió un importante volumen de contratación de 2006 a 2011. Eran Mafer y Reg S. L. e Ifercop-Arribes, S. L. La primera, ha recibido contratos municipales por valor de más de medio millón de euros: 540.222,46 euros. Los contratos públicos con la segunda de ellas, por su parte, ascienden a los 152.117,87 euros. Entre las dos, ambas con domicilio social en Fermoselle (Zamora), sumaban contratos de 692.340,33 euros.

Ahora se investigan varias posibles irregularidades con estas sociedades. La primera es que ambas tenían deudas con la Seguridad Social y no podrían, por tanto, concurrir a ningún concurso convocado por una aministración pública. Pero esto no impidió que recibieran contratos que rondan los 700.000 euros. La segunda irregularidad en la que podría haber incurrido Fernández es en dar el «ok» como interventora del Ayuntamiento de Trabanca a contratos municipales con empresas en las que ella participa. Y es que Sonia Fernández era propietaria de la mitad (tenía 60 de las 120 participaciones sociales a las que ascendería el capital social) de Ifercop-Arribes S. L. en aquella época. Esta sociedad, constituida en 2003 y que tiene por objeto social el «alquiler de herramientas y maquinaria de construcción», está a nombre de José Fernandez, su padre y, por tanto, suegro del primer edil de Trabanca. También este señor es el administrador único de Mafer y Reg, S. L. y su hija era propietaria de 280 participaciones de las 720 que formaban en capital social de esta sociedad. Es decir, que el tándem Pascual-Fernández habría adjudicado contratos municipales a empresas familiares en las que ella misma participa.

Además, no se habría cumplido una orden de embargo contra una de estas empresas. El 16 de abril de 2012 el Ayuntamiento de Trabanca (cuando el tándem presuntamente corrupto ya había dejado el Ayuntamiento) recibió un requerimiento de la Tesorería General de la Seguridad Social de Zamora (provincia donde tienen sede estas dos sociedades) relativo al estado de cumplimiento de una diligencia de embargo contra la empresa Mafer y Reg S. L. de 2008, cuando el matrimonio ocupaba el consistorio. Se comprobó que la entonces interventora Sonia Fernández, tenía conocimiento «fehaciente» de dicha diligencia de embargo sobre al totalidad de los créditos y derechos de Mafer puesto que fue ella personalmente quien firmó el acuse de recibo con fecha 14 de agosto de 2008. Es más, ella misma se firma un cheque para esta empresa y se paga con fondos municipales, ignorando el embargo de la Seguridad Social.

Pero Fernández no sólo sería la «facilitadora» en Trabanca sino que también ocupaba un puesto de relevancia en la famosa AECT Duero-Douro, la «gallina de los huevos de oro» de todas las asociaciones ideadas por Pascual por recibir millonarias subvenciones europeas. En esta entidad, Sonia consta como responsable económico financiero, por lo que también controlaba ayudas de millones de euros, que también están siendo investigadas. La Justicia investiga si, desde su creación en 2009, el tándem Pascual-Fernández ocultó los ingresos y gastos de la AECT al Tribunal de Cuentas.

Además, al igual que su pareja con Instituciones Penitenciarias, Fernández también habría podido incurrir en incompatibilidades, dado la naturaleza pública de la AECT, vulnerando así la Ley 53/1984 de incompatibilidades para funcionarios, al desarrollar una segunda actividad en el sector público sin autorización.