La parálisis legislativa que llegó con el multipartidismo

El año de la repetición electoral, 2016, fue el menos productivo de los últimos 37. Un Congreso fragmentado, la ausencia de mayorías absolutas y los periodos sin Gobierno estable han dibujado un panorama difícil para la aprobación de leyes.

Llegaron con la intención de revolucionar el panorama político y poner patas arriba el sistema bipartadista español. En cierto modo lo han conseguido, ya que desde la irrupción de los nuevos partidos (Podemos, Ciudadanos y Vox), España vive sumida en una eterna parálisis legislativa. Desde 2015, la sequía es aguda. La repetición electoral en 2016 hizo que ese año fuera el menos productivo de los últimos 37. Una tendencia que se mantuvo en 2017: el Congreso solo aprobó 13 leyes. Fue el año con menos leyes nuevas desde 1982. Solo en 2004 y 2008 –con siete y seis leyes, respectivamente–, cuando ganó José Luis Rodríguez Zapatero, España vivió años legislativos más pobres. 2018 se saldó con 16 y en el año en curso solo se han aprobado ocho.

El desembarco de los nuevos partidos hizo saltar por los aires un sistema político tradicional muy acostumbrado al juego de mayorías: el Ejecutivo elaboraba leyes y las mayorías parlamentarias las aprobaban con pequeñas enmiendas o retoques de los nacionalistas si sus votos eran necesarios. Ese escenario ya no existe. En la actualidad, los grupos parlamentarios compiten por presentar multitud de iniciativas aunque pocas llegan a buen puerto. ¿El motivo? El nuevo escenario parlamentario fraccionado trajo también consigo un giro de 180 grados en la práctica de la prerrogativa de veto presupuestario del Gobierno, es decir, de su capacidad para oponerse a la tramitación parlamentaria de las proposiciones de ley de la oposición que supongan aumento de gasto. Pasó de no usarse a recurrir frecuentemente a la misma. En definitiva, mucho debate y Comisión de Investigación pero poca producción legislativa. A la vista del bloqueo, tiene sentido que muchos ciudadanos echen de menos el bipartidismo y la gobernabilidad.

En los siete meses que llevamos de 2019, la parálisis es de tal magnitud que solo se han aprobado ocho leyes: tres orgánicas y cinco ordinarias. Una de ellas es una transposición de una directiva europea; otra, una modificación del código penal relacionada con la conducción; otra, la reforma del Estatuto de Valencia; una reforma de la ley de secretos empresariales, de la propiedad intelectual y otra de mejora de la situación de orfandad de los hijos de la violencia de género, entre otras. Desde marzo, fecha en la que se aprobó la última, la actividad en la Cámara Baja es escasa o nula por el bloqueo político. Los partidos llevan meses enrocados en sus intereses partidistas sin tener en cuenta los intereses nacionales. De hecho, el fantasma de una nueva convocatoria electoral vuelve a recorrer el país.

La moción de censura contra Mariano Rajoy que aupó al socialista Sánchez a la Moncloa y el rechazo del Congreso a los presupuestos de 2019 marcaron la XII Legislatura, que comenzó en 2016 con el popular como presidente del Gobierno y finalizó en marzo 2019 con el socialista en el Ejecutivo. Desde el punto de vista legislativo, el curso político se caracterizó por mucho ruido mediático y la recurrente apertura y bajada del telón legislativo. Se aprobaron 29 leyes, muy pocas si las comparamos con la X Legislatura, en la que se sacaron adelante 173. Es cierto que durante el primer Gobierno de Rajoy se pusieron en marcha las reformas económicas necesarias y exigidas por Bruselas para salir de las crisis y que gracias a la mayoría absoluta que el PP recibió de las urnas, pudo hacer y deshacer a su antojo.

Llegó el 20-D y las urnas fueron un baño de realidad. El PP perdió 63 diputados, un tercio de su representación, el PSOE logró 90 escaños, su peor resultado histórico, Podemos se alzó con 69 y coqueteó con el ansiado «sorpasso» a la izquierda tradicional, mientras que Ciudadanos irrumpió con fuerza y logró 40. El mosaico de fuerzas que llegó a la Cámara Baja protagonizó uno de los episodios más bochornoso de nuestra historia reciente al ser incapaces de formar Gobierno y forzar la repetición de los comicios. Siete meses en blanco, en los que se aprobaron dos leyes, una de ellas la de la convocatoria electoral.

Se repitieron las elecciones el 26-J y el resultado fue una especie de «deja vu», ya que la constitución del Congreso no ofrecía una imagen muy diferente a la surgida el 20-N. No había una mayoría clara para formar un Gobierno fuerte ni para legislar con facilidad. En consecuencia, la existencia de un Gobierno en minoría, que se nombró a principios de noviembre, tras casi otros cuatro meses más de Gobierno en funciones, y un parlamento muy fragmentado no se tradujo en un aumento de la actividad legislativa. Al contrario. De hecho, el Ejecutivo, consciente de que había que sudar para llevar hasta el BOE un proyecto legislativo, se concentró en una única iniciativa: sacar los Presupuestos Generales del Estado para ese año. Lo consiguió gracias al apoyo de sus socios de Cs y los nacionalistas del PNV, CC y NC. Estas cuentas económicas siguen vigentes, ya que la Cámara Baja tumbó el proyecto socialista, forzando las generales del 28-A, cuyo resultado volvió a dibujar un escenario fragmentado y divido en dos grandes bloques.

Lejos quedan los tiempos de las mayorías absolutas. De 1982 a 1993 el PSOE disfrutó de tres consecutivas. Hubo en esos años muchos logros, entre ellos la reducción de la jornada laboral que podía superar las 60 horas a las 40 que tenemos hoy en día. También se encargó de aumentar a un mes las vacaciones . Por su parte, el PP logró la primera en 2000 con la buena marcha de la economía como adalid de su gestión. En 2011, Rajoy lograría la segunda más holgada de la democracia. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 o la Reforma Laboral son hijas de este periodo.

Lejos también quedaron los años en los que el se aprobaban 82 leyes, como en 2003; 70 como en 1999 o las 72 de 1997 o 2007. La transformación de 2015, marcada por el descenso de los dos grandes partidos y la irrupción de nuevas formaciones políticas –determinantes para la gobernabilidad– afecta al ejercicio de todas las funciones parlamentarias, y muy particularmente, a la potestad legislativa.