La Policía investiga denuncias contra Pujol de nacionalistas decepcionados

Los documentos están relacionados con la quiebra de Banca Catalana y con el cobro del 3% en la adjudicación de obras. Algunos son empresarios que han admitido el pago de comisiones.

Decenas de ciudadanos catalanes, muchos de ellos del ámbito nacionalista, se han dirigido al Cuerpo Nacional de Policía para ofrecer datos, algunos de ellos avalados con documentos, sobre las presuntas actividades ilegales de la familia Pujol Ferrusola, entre ellos del «patriarca» del «clan» en el asunto Banca Catalana, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Otros aportan informaciones sobre el cobro del 3 por 100 para la adjudicación de obras.

La imagen de la estatua en Premia de D’Alt del que fuera presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, derribada intencionadamente de su pedestal, es una «fotografía» de lo que, dentro del máximo secreto, ocurre en los últimos meses en Cataluña.

«Muchos nacionalistas, que guardaban los legajos con datos de las presuntas irregularidades cometidas por Jordi Pujol y su familia, se sienten decepcionados y han decidido colaborar con la Policía para que todos los trapos sucios salgan a la luz», subrayaron los mismos medios.

«Se ha producido un auténtico revulsivo social y a muchos de los que creían en el ex presidente de la Generalitat se les ha derrumbado el mito», agregaron. A partir de ahí, la decisión de acudir a las Fuerzas de Seguridad ha sido tímida al principio, pero ha crecido de forma exponencial. «A mí me han tenido engañado», es la frase que más se repite.

Uno de los asuntos importantes que aportan los comparecientes es el del pago del tres por ciento, que realizaron algunos de ellos para que les fueran concedidas contratas de la Generalitat, entidades dependientes de esta institución, ayuntamientos, diputaciones, etcétera. Ese porcentaje subió con el tiempo, ya que, al dinero destinado supuestamente al partido de Pujol, había que sumar lo que se llevaba el «clan».

Los investigadores no dan por absolutamente fiables los datos que les aportan (aunque tienen mucha importancia al haber sido entregados de forma espontánea) y en estos momentos llevan a cabo una minuciosa labor para verificarlos. Sin embargo, las comprobaciones que ya se han realizado confirman que los que colaboran lo hacen de buena fe y aportan informaciones que tienen interés para la Policía y para la Justicia. A este respecto, recordaron la frase de Pujol en su reciente comparecencia en el Parlament, cuando dijo: «Si vas segando la rama de un árbol al final cae la rama (...) caerán todas». «Probablemente, se refería a que en esas ramas estaban los nidos en los que fueron criados sus hijos, hasta que, como los pájaros, pudieron volar con sus fuerzas y construyeron sus propios nidos», comentó un investigador.

Ante la magnitud que cobra el asunto cada día que pasa, las fuentes consultadas apuntaron la necesidad de que se nombre un fiscal único que se ocupe de todo lo que afecta a la familia Pujol Ferrusola, y al que se puedan dirigir los investigadores para coordinar todos los trabajos.

Atrás queda la recordada frase del ex presidente de la Generalitat, con ocasión del escándalo que se generó con Banca Catalana, cuando dijo que «en este país soy el único político en activo y con un cargo público importante a quien se le han investigado los bolsillos hasta la última peseta; y no sólo a mí, sino también a mi mujer, a mis cuñados, a mi suegra...». El tiempo terminará por darle la razón o, como parece por los indicios hasta ahora conocidos, quitársela.

Días pasados, la Audiencia de Barcelona rechazó el archivo de la investigación abierta sobre la fortuna oculta del ex presidente de la Generalitat ya que, de la carta de confesión que hizo pública y gracias a la cual se supo que había tenido dinero en el extranjero, se desprenden «indicios de haberse cometido, cuando menos, un delito contra la Hacienda Pública». En un auto, la Sección Tercera de dicha Audiencia desestimaba el recurso presentado por la defensa de Pujol contra la causa que abrió el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, a raíz de una querella de Manos Limpias para investigar la fortuna que ha confesado mantuvo oculta en el extranjero. La defensa de los Pujol argumentaba que la referida denuncia carecía de una mínima concreción y era, en realidad, una «causa general» contra el ex presidente de la Generalitat y su esposa. Los denunciantes les imputaban los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad en documento público y blanqueo de capitales.