La Policía solo ha descifrado el 1% de los archivos de Villarejo

Fuentes de la investigación califican de «diabólico» el sistema de encriptado utilizado por el ex comisario y admiten que si el Incibe no tiene éxito no habrá otra salida que recurrir al CNI.

El magistrado que finalmente se haga cargo de la instrucción del «caso Villarejo» en sustitución del juez Diego de Egea tendrá por delante una labor ingente. Acaba de cumplirse un año de la detención y posterior ingreso en prisión provisional del ex comisario y en ese tiempo, según señalan fuentes de la investigación, la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía sólo ha podido descifrar el 1% de los archivos incautados por los agentes a Villarejo en noviembre de 2017 tanto en su domicilio de Boadilla del Monte (Madrid) como en la sede de su empresa en Torre Picasso. En total, los distintos archivos incautados al ex comisario (almacenados en discos duros externos, lápices de memoria, ordenadores y tabletas) suman, según esas mismas fuentes, 30 Terabytes, lo que en soporte físico «equivale a llenar de papeles el volumen de la sede de la Audiencia Nacional».

A esa cantidad habría que añadir la que suman los archivos incautados a su socio, el abogado Rafael Redondo, en su domicilio de Galapagar (Madrid), de los que se han podido descifrar hasta el momento el diez por ciento (aunque parte de esa información previsiblemente puede estar duplicada con la de Villarejo).

«Si con el 11% de información ya se han abierto ocho piezas separadas...», aseguran las fuentes consultadas para dar una idea de la magnitud y trascendencia de la documentación que queda aún pendiente de descifrar.

Y es que, el sistema de encriptado utilizado por Villarejo es, aseguran, «diabólico». Hasta el punto de que el juez De Egea –que el próximo 31 abandonará la Audiencia Nacional y dejará de instruir el caso tras renunciar a la prórroga de su comisión de servicios– ha tenido que pedir ayuda al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Dependiente del Ministerio de Economía (a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital), el antiguo Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación es una sociedad experta en el desarrollo de tecnología informática.

Si los equipos especializados del Incibe no son capaces de acceder a más información de esos archivos, las fuentes consultadas aseguran que el único recurso sería recurrir al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aunque, admiten, «sería como meter al zorro a cuidar del gallinero». Y más teniendo en cuenta el abierto enfrentamiento entre Villarejo y el actual responsable de los servicios de inteligencia, Félix Sanz Roldán. En todo caso, reconocen metafóricamente, «necesitamos que nos den la llave para entrar en la casa».

Al margen de estos contratiempos de carácter meramente técnico, la renuncia del juez De Egea a seguir en la Audiencia Nacional ha venido condicionada, sobre todo, por sus continuas desavenencias con la Fiscalía Anticorrupción durante la instrucción del «caso Villarejo» y sus ramificaciones, y –apuntan fuentes jurídicas– por el hecho de que el magistrado «se ha sentido utilizado» en el devenir de un procedimiento de indudables –e insondables– repercusiones políticas. De hecho, subrayan, la solución a este caso, «más que judicial, es sobre todo política», pues no tienen reparos en admitir que encierra «miles de bombas de relojería».

Instituciones Penitenciarias

Las principales discrepancias del juez De Egea son notorias y en la mayoría de los casos se han plasmado en las diferentes resoluciones y escritos que se han cruzado el instructor y los fiscales de Anticorrupción encargados del procedimiento. Pero éstas van más allá y colisionan incluso en la calificación de los hechos. El magistrado –según las fuentes consultadas– no ve indicios suficientes que apuntalen la existencia de una organización criminal de la que, según la Fiscalía, Villarejo sería su cabeza visible.

La prisión provisional del ex comisario –quien, según Anticorrupción, lideró durante 15 años «una organización incrustada en puestos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía especialmente sensibles para la seguridad del Estado»– también ha distanciado a la Fiscalía del instructor. De Egea llegó a consultar hace unos meses al anterior responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, sobre la posibilidad de colocar una pulsera de control telemático a Villarejo en caso de que acordase su libertad provisional, una medida que previsiblemente ya no acordará el actual instructor en la recta final de su etapa en la Audiencia Nacional. Pero la iniciativa choca frontalmente con el hecho de que nunca se ha aplicado una medida cautelar así a presos preventivos, sino solo a condenados en firme, por lo que sentaría un precedente que podría provocar una catarata de solicitudes en idéntico sentido.