Política

Reforma de la Ley del Aborto

La reforma de la ley del aborto llegará al Congreso en junio

El Gobierno subraya que el debate en el Parlamento confirma que el PP quiere una ley de supuestos

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el presidente del Congreso, Jesús Posada, durante la votación del pasado miércoles
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el presidente del Congreso, Jesús Posada, durante la votación del pasado miércoleslarazon

La reforma de la Ley del Aborto ha marcado esta última semana parlamentaria aun sin haber entrado el proyecto en la Cámara. La previsión del Gobierno es que el texto llegue al Congreso en junio, y que lo haga incorporando ya algunas de las recomendaciones que planteen los órganos consultivos a los que se les ha remitido el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros. De cumplirse este calendario, la tramitación parlamentaria se desarrollará durante el periodo de sesiones que se inicie en septiembre. Todas las leyes pasan por un periodo de informes y ésta no es distinta en ese sentido. Por ejemplo, en el Código Penal el Ministerio de Justicia suprimió la custodia de seguridad a petición del CGPJ y se incluyeron otras recomendaciones. Y ahora están estudiando la incorporación de las propuestas del CGPJ sobre el Estatuto de la Víctima.

El Gobierno descarta tajantemente retirar esta reforma y circunscribe al ámbito parlamentario la negociación y nuevas posibles modificaciones que se introduzcan en ella, «sin afectar al núcleo sustancial de la misma», precisan. Entiende que lo ocurrido esta semana en el Congreso confirma que el PP, aunque haya diferencias, apoya una ley de supuestos. El marco de la negociación lo señalarán los órganos consultivos y también la voluntad del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de que salga adelante con el apoyo de otros grupos parlamentarios. El PP tiene los votos necesarios para aprobarla, pero el presidente no quiere sacarla en solitario y por eso luchará por conseguir al menos el respaldo de algún grupo minoritario.

Es el caso, por ejemplo, de CiU, que votó dividida en el Parlamento de Cataluña ante dos mociones del PSC e ICV-EUiA que pedían la retirada del proyecto. Sin embargo, los representantes de Unió Democrática de Cataluña (UDC), que lidera Josep Antoni Duran Lleida, y un diputado de Convergència (CDC) se sumaron a los votos del PP y votaron en contra de estas mociones. El Grupo Popular entiende que esto deja margen para buscar aproximaciones en la negociación en el Congreso de los Diputados, y éste será uno de los objetivos principales de la estrategia popular. De hecho, Unió votó esta semana en el Congreso en contra de retirar el proyecto, y también el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Mucho menos margen para el entendimiento ha dejado el PNV, que ha votado en contra de la reforma y la ha calificado de regresión. «En una cuestión tan delicada como ésta no tienen sentido los desahogos políticos y hay que intentar buscar consensos, aunque sean difíciles, porque una Ley del Aborto apoyada sólo por el PP no tendría ningún sentido», sentencia un alto cargo del Gobierno.

Desde esta posición, en el Ejecutivo se niegan a anticipar los términos del texto que llegará al Congreso o incluso las líneas rojas de la negociación parlamentaria. Es una «cuestión muy delicada», que Rajoy gestionará en función de la coyuntura del momento y teniendo también en cuenta el resultado de las elecciones europeas de finales de mayo. El presidente ha apostado en este nuevo curso político por limar aristas poco rentables electoralmente, y esto afecta a la Ley del Aborto y determina la decisión de replicar al discurso incendiario de CiU y ERC con la reforma de la financiación autonómica. Una reforma que no se hará de un día para otro, pero que sí dejará material suficiente para ir contraprogramando el desafío independentista de Mas.

Y aunque a Rajoy no le parecen bien algunas de las salidas del guión que están protagonizando sus «barones» –lo han hecho con el aborto o también están moviéndose con la financiación–, tampoco dará un puñetazo en la mesa siempre que pueda mantener el equilibrio entre las poses electorales de sus dirigentes territoriales y su discurso nacional. Por ejemplo, en un Comité Ejecutivo, Rajoy reclamó silencio sobre la reforma de la Ley del Aborto y que los debates se hicieran de puertas adentro. Un mandato que algunos no han respetado desde el minuto siguiente a que terminase esa reunión a puerta cerrada celebrada el 8 de enero. Y Rajoy toma nota y calla, sin dejar de valorar la preocupación de sus presidentes autonómicos y dirigentes locales por las elecciones autonómicas y municipales de 2015. Valencia y Madrid son las dos principales «luces rojas», pero, paradójicamente, justo en ellas es donde los «barones» han jugado menos a la contra en materia del aborto. Otra cosa son sus movimientos para reclamar una financiación más ventajosa. Si la reforma del aborto está llena de «minas», la negociación del nuevo modelo de financiación va a ser casi una batalla más arriesgada. En el PP miran con escepticismo, y ciertos recelos, al proceso en el que se ha embarcado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

«Cara a cara» en el Congreso

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defenderá la reforma de la Ley del Aborto diseñada por su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la próxima sesión de control al Ejecutivo el miércoles en el Congreso. La primera de las tres preguntas que tendrá que responder Rajoy –formulada por el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba– versará sobre este tema, una semana después de que, mientras él se encontraba de visita oficial en Turquía, el PP ganara en el Congreso dos votaciones (una de ellas secreta) en las que se evitó que, a petición de los socialistas, se retirara la reforma. En concreto, el líder socialista preguntará a Mariano Rajoy si el anteproyecto presentado por el Gobierno que dirige «respeta la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad». Las otras preguntas correrán a cargo de Cayo Lara y de Josep Antoni Duran Lleida. El coordinador federal de IU pedirá al presidente una comisión de investigación sobre la intervención a entidades financieras y el portavoz de CiU preguntará sobre próximas medidas de la reforma fiscal para beneficiar a las clases medias.