La UE da un portazo a la consulta ilegal de Mas tras la crisis de Crimea

Bruselas- La crisis de Crimea, con sus nacionalismos rusófonos exacerbados en plena hecatombe económica de Ucrania, ha vuelto a poner en pie de guerra a la Unión Europea contra los referendos ilegales. Aunque esta nueva polémica secesionista no se produce en un Estado miembro, el hecho de que Ucrania sea un país vecino con el que se mantienen importantes lazos, ha movilizado a las instituciones comunitarias contra la violación de la Constitución nacional y la alteración de las fronteras; un claro ejemplo de violación del derecho de internacional.

En tiempos donde la mundialización y la ruptura de barreras comerciales y políticas parece no tener vuelta atrás, proliferan los nacionalismos de toda índole y reivindicaciones territoriales que animan a levantar muros entre los pueblos, aunque ello suponga una vulneración del orden internacional y generar crisis políticas, diplomáticas y económicas sin precedentes. Escocia, Cataluña, País Vasco, Córcega, Flandes, Gales, Crimea, Transnitria, Gagauzia, Kosovo, Chipre norte... son ejemplos de territorios insatisfechos con sus organizaciones supraregionales que ponen en peligro el espíritu mismo de la construcción europea como espacio único sin fronteras. Por ello, las instituciones europeas y los Estados miembros han vuelto en esta ocasión a insistir en que «cualquier intento de legitimar el referendo de Crimea es contrario a la constitución ucraniana y a la ley internacional, además de claramente ilegal».

Asimismo, fuentes del Servicio Exterior de la UE destacan que no sólo es ilegal por atentar a la Carta Magna ucraniana y al derecho internacional, sino que además se lleva a cabo sin control democrático ni bajo las pautas establecidas mundialmente para las consultas populares. Según el profesor emérito de nacionalismo y etnicidad de la London School of Economics (LSE) Anthony D. Smith «el nacionalismo forma parte de los movimientos sociopolíticos cuya matriz es la desintegración de las estructuras de la sociedad tradicional (...). La modernización es la transición, más o menos penosa, del tipo ''tradicional'' de sociedad, al ''moderno''». Sobre esa base, se multiplican las creencias de que la vuelta al nacionalismo supone un avance sobre la globalización y los líderes de estos movimientos no dudan en desafiar el orden jurídico.

En el caso de la península de Crimea, donde la población de etnia rusa ronda el 60%, los prrorrusos han aprovechado la zozobra creada por la salida precipitada del poder en Kiev del presidente Viktor Yanukovich el 22 de febrero para lanzarse precipitadamente a la celebración de este referéndum, que aspira a reunir a la república autónoma con Moscú. En un primer momento, el Parlamento de Crimea aprobó la consulta popular para el 30 de marzo, pero el tiempo apremiaba y las nuevas autoridades de la región decidieron adelantarlo a hoy. Por tanto, si de él sale una adhesión a la Federación rusa, será una nueva situación anómala como lo fue el nacimiento de Kosovo. En ese caso, la provincia serbia, que proclamó su independencia de forma unilateral en 2008, no ha sido reconocida por España, Eslovaquia, Rumanía, Chipre y Grecia, por cuanto que supuso una alteración sin base jurídica de las fronteras del país, aunque algunos estados miembros sí han aceptado la creación de este nuevo estado.

Por su parte, en los casos secesionistas europeos se une el problema de en qué posición quedarían estos territorios respecto a la UE si logran romper con sus Estados. Según los gobiernos regionales en cuestión, a lomos de la insatisfacción social creada por la crisis, defienden una separación de sus Estados respectivos, sin romper sus vínculos con Europa. Ésta es la razón por la que el Scottish National Party (SNP, Partido Nacional Escocés, en inglés) usa el eslogan «Independence in Europe» –independencia en Europa– mientras que el lema de la manifestación celebrada en Barcelona en septiembre de 2012 era justamente «Catalunya, nou estat d'Europa» –Cataluña, nuevo estado de Europa–, con tal de afianzar una idea que suponga el respeto de la UE rompiendo las relaciones con el Estado.

Y es que el desafío de la implosión interna de los Estados miembros de la Unión hace difíciles equilibrios entre los derechos de los ciudadanos a opinar sobre la organización territorial y administrativa y el derecho internacional. En las tesis contrarias a las instituciones europeas encontramos a la European Free Alliance (EFA), una formación política europea que incluye partidos independentistas de Escocia, Gales, Flandes, Córcega, Cerdeña, Cataluña, País Vasco o Galicia, entre otros, que defiende el derecho a una autodeterminación libre, democrática y pacífica, y actualmente tiene siete diputados al Parlamento Europeo.

Según la EFA, en caso de que nazca un nuevo estado europeo podría continuar formando parte de la Unión Europea, sustentándolo en que Europa ha vivido seis procesos de expansión entre los años 1958 y 2011 cumpliendo la normativa internacional vigente. Algunos precedentes son por ejemplo el segundo referéndum independentista en Québec, celebrado en el año 1995, donde la corte suprema canadiense lo declaró legal, poniendo la voluntad popular ante la propia Constitución. Incluso han elaborado un estudio, titulado «Dimensión de los estados y comportamiento económico en la Unión Europea», que subraya también la viabilidad económica. Según el estudio, financiado también en parte por la EFA, la integración europea favorece la secesión de estados pequeños, porque son más ricos y abiertos, tienen unas finanzas públicas más equilibradas, e invierten y crecen más.