Las autonomías remiten a Montoro sus exigencias sobre déficit por escrito

El Ministerio de Hacienda tiene cada vez más cerca la caducidad del plazo que se ha dado para destapar sus cartas en el complicado procedimiento de fijar el déficit autonómico para este ejercicio. El error inicial de dar la sensación de que estaban favoreciendo una negociación bilateral con Cataluña, y en la que cada comunidad iba a establecer sus criterios para decidir el déficit para este año, ha sido corregido con toda una ofensiva pública y privada dirigida a borrar esa imagen y restablecer la confianza en la negociación de acuerdo a criterios objetivos y comunes para todos. En eso concluyó la cumbre autonómica del Partido Popular que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidió en Génova hace un par de semanas.

Y esto es lo que el Gobierno quiere escenificar en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al margen de las conversaciones y negociaciones de tú a tú de Hacienda con cada una de las autonomías. En estos días el Ministerio está recopilando informes autonómicos en los que los Gobiernos regionales plantean sus demandas y describen su visión particular de su realidad.

El ministro calla sobre la solución final, pero su Departamento está sembrando para que cale la posibilidad de que el criterio común para todos tenga en cuenta el porcentaje de reducción de déficit que las comunidades aplicaron sobre sus Presupuestos en el pasado ejercicio, al margen de que fuera o no suficiente para llegar a la meta fijada, el 1,5 por ciento del PIB. En otras palabras, el Gobierno está defendiendo en la negociación abierta con todas las autonomías que se tenga en cuenta qué comunidades tuvieron que hacer un mayor esfuerzo en el pasado año y la inviabilidad de que en 2013 mantengan la dureza del ajuste: la realidad de cada autonomía y el principio de solidaridad como base para el reparto.

Hacienda asume que, para que el acuerdo llegue, tiene que vestirlo de tal manera que deje margen a cada comunidad para poder justificarse ante sus ciudadanos. El criterio económico-financiero es la clave, pero el factor político interfiere en este caso de tal forma que la explicación política es casi más importante que la crudeza de las cifras. «Hay posibilidades de sobra para compensar a las comunidades que el año pasado sí hicieron sus deberes. Ya la primera compensación es que no tengan que endeudarse más, porque esto evita a sus ciudadanos tener que asumir más duros recortes en los próximos ejercicios», explican desde el Gobierno.

El acuerdo entre todos sigue siendo prioritario, aunque Hacienda trabaja con un objetivo superior: si hay consenso, perfecto; pero «salvar» a las autonomías que penden del alambre no se va a condicionar al acuerdo. «Estamos ante una cuestión de Estado y todos debemos asumir nuestras responsabilidades. Los discursos están bien, pero hay ocasiones en que la realidad obliga a dejarlos a un lado», añaden las citadas fuentes.

Ya anticipan que la solución estará en el punto intermedio: las regiones incumplidoras no recibirán todo lo que esperan, pero sí lo suficiente como para seguir nadando; y a las comunidades cumplidoras se les ofrecerá una salida para que puedan justificar la solución asimétrica.