Las primeras veinte medidas de las 217 a aprobar

-Elaboración de un presupuesto de base cero, analizando especialmente los gastos corrientes y las inversiones reales de todos los Ministerios.

-Se regulará el tipo de organismos y entidades públicas de nueva creación. Habrá que justificar sus motivos y recursos y se hará un seguimiento de su cumplimiento.

-Una historia clínica digital para cada paciente, de forma que pueda ser consultada en cualquier punto del territorio nacional. El objetivo: que la Sanidad siga al ciudadano

-Control de la deuda comercial del sector público. Para un sistema sostenible no es sólo necesario controlar la deuda pública, también la comercial.

-Creación de un sistema central de compras único de suministros para toda la administración, agilización en la gestión que supondrá una reducción del gasto empleado hasta ahora.

-Gestión común de la Tesorería de departamentos y organismos. Rajoy ha cuantificado en más de 4.800 las cuentas bancarias cuyo titular es la administración central.

-Simplificación de los procedimientos de evaluación ambiental.

-El Gobierno pretende con la regulación de los procedimientos habituales contribuir al ahorro.

-Cita previa electrónica del ciudadano en el Servicio Público de Empleo, medida que se trasladará a las jefaturas de Tráfico.

-Plan «Emprende en 3», ya aprobado por el Ejecutivo y que agiliza los requisitos y el tiempo que se necesita para poner en funcionamiento una empresa.

-Un plan de gestión de patrimonio inmobiliario del Estado renegociando alquileres y apostando por la reubicación, que ha permite un cuantioso ahorro para las arcas.

-Recomendaciones a las CC AA para acabar con las duplicidades en órganos institucionales como agencias de meteorología, u oficinas de defensa de la competencia.

-Ventanilla única para el comercio exterior, para acceder a la información que disponga la Administración del ciudadano a través de internet.

-Puesta en marcha de un tablón de edictos único de todas las administraciones públicas, para que la Tesorería de todos los departamentos disponga de una gestión común.

-Reconocimiento mutuo de las autorizaciones entre las administraciones del Estado, como el caso de las licencias de caza o de pesca de las comunidades autónomas.

-Reestructuración del sector público, con la consiguiente desaparición de 80 empresas y de fundaciones públicas a nivel estatal.

-Principio de unidad de acción exterior. El Gobierno ha ofrecido ya a las comunidades instalar en las embajadas de España sus oficinas de representación en el exterior.

-Convertir la administración electrónica en «plena realidad». Una notificación postal cuesta 2,5 euros, mientras que una electrónica sólo 0,19 euros; a la larga es un ahorro cuantioso.

-Creación de la factura electrónica en las administraciones para poder facilitar así las relaciones con los proveedores.

-Sin supresión de servicios para los ciudadanos. El ahorro no va a provenir de de un aumento de los ingresos públicos, sino de la eliminación de estructuras no necesarias.

-Extinción de 154 consejeros con un ahorro de más de un millón de euros, así como la limitación de las retribuciones de los directivoso del número de empleados.