Las víctimas piden a la Audiencia que prohíba los «homenajes» a Díez Usabiaga

Apavt considera los actos convocados una «humillación y menosprecio» a las víctimas

Tras permitir hace unos días en nombre de la libertad de expresión el homenaje al etarra fallecido Kepa del Hoyo en Galdácano (Vizcaya) y el polémico «tiro al fatxa» en el municipio navarro de Echarri Aranaz, la Audiencia Nacional tendrá ahora que pronunciarse sobre los actos de bienvenida que la izquierda abertzale ha organizado el próximo jueves con motivo de la salida de prisión del ex secretario general del sindicato LAB, y eterno negociador entre el Gobierno y ETA, Rafa Díez Usabiaga. «Kalera Kalera» tiene previsto desplazar a primera hora de la mañana a las puertas de la prisión de El Dueso (Santoña) a una comitiva de apoyo al ex dirigente abertzale y, ya por la tarde, se celebrará otro acto de apoyo en su localidad natal, Lasarte (Guipúzcoa).

La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (Apavt) ha pedido a la Audiencia Nacional que prohíba lo que considera homenajes encubiertos a un condenado por terrorismo (al que se llevará a cabo a las puertas de la prisión de El Dueso, en Cantabria, ya ha confirmado su asistencia el propio Otegi), lo que según este colectivo supone «una clara ofensa grave a la memoria de las víctimas del terrorismo».

A esta denuncia –presentada ante el Juzgado Central Decano del citado tribunal– se sumará previsiblemente en los próximos días otra de Dignidad y Justicia (DyJ), que ya reclamó sin éxito la prohibición del homenaje a Kepa del Hoyo y el «tiro al fatxa». La asociación que preside Daniel Portero considera, según fuentes de este colectivo, que los recibimientos a Díez Usabiaga suponen un claro delito de enaltecimiento del terrorismo.

Según informa Apavt en su página web, los actos convocados pretenden ser «un acto de recibimiento, y por tanto de homenaje, tras su excarcelación», que constituyen una «humillación y menosprecio» que provocan «un grave impacto sobre las víctimas». La asociación mantiene que con la convocatoria de ambas concentraciones, y su consecuente difusión, «se ha dado inicio a la acción delictiva».

Además, el colectivo alerta sobre la posibilidad de que detrás de esas convocatorias se esconda en realidad «alguna organización de apoyo a presos de ETA que estuviera ilegalizada», por lo que insta a la Audiencia a que investigue «si los convocantes formales coinciden con los materiales para evitar así que alguna organización ilegal pudiera estar detrás de dicha convocatoria».

Díez Usabiaga fue condenado en septiembre de 2011 por la Audiencia Nacional a diez años de prisión, al igual que Otegi, por impulsar, por orden de ETA, la refundación de la ilegalizada Batasuna apostando formalmente por las vías políticas pero «sin abandonar la lucha armada». Posteriormente, en mayo de 2012, el Tribunal Supremo rebajó esa pena a seis años y medio de cárcel al concluir que no se podía considerar a ambos dirigentes de organización terrorista, equiparando su actuación con la de los otros tres condenados, entre ellos los actuales dirigentes de Sortu Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto, ex tesorera del también ilegalizado PCTV. Tras la salida de prisión de Otegi en marzo del año pasado, el ex secretario general del sindicato LAB era el único condenado del «caso Bateragune» que permanecía encarcelado.

La sentencia de la Audiencia mantiene que fue la banda terrorista la que decidió resucitar a Batasuna para desbancar al PNV y «tomar la iniciativa en la negociación» con el Estado. ETA encargó esa tarea a un grupo de notables de la izquierda abertzale, incluido Díez Usabiaga, que actuó «en plena connivencia» con Otegi y «siguiendo las superiores directrices» de la banda criminal.

Usabiaga y Otegi (quien por esas fechas tenía prohibido salir de España por orden judicial), éste por dos veces, viajaron a Francia en abril y julio de 2009 «para entrevistarse reservadamente y cambiar impresiones con distintas personas del entorno de ETA».

De hecho, los condenados se reunían periódicamente (al menos una decena de veces) en la sede de LAB en San Sebastián (Guipúzcoa) para articular esa vía de «uso preferente de la vía política». Era, según el tribunal, una iniciativa con efectos meramente «cosméticos y fingidos» pues «mantenían en segundo plano» el recurso a la violencia «de modo meramente utilitarista y táctico». De esas reuniones no se levantaban actas «para evitar la difusión externa de lo tratado».