Las víctimas podrán recurrir la libertad de condenados por delitos graves

Gallardón: «Se garantizarán sus derechos durante el tiempo de aplicación de la pena»

Santamaría y Gallardón, ayer en el Consejo de Ministros
Santamaría y Gallardón, ayer en el Consejo de Ministros

MADRID- El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto del Estatuto de las Víctimas. Un año después de que el Gobierno estudiase el primer informe, el texto ha salido adelante, como adelantó este periódico el pasado miércoles, en una semana muy dolorosa para las víctimas del terrorismo por la decisión del TEDH sobre la «doctrina Parot». El ministro de Justicia, Alberto Ruiz–Gallardón, explicó que el principal objetivo de este nuevo Estatuto es que las víctimas no se sientan desasistidas en la garantía de sus derechos. «Y la reparación no es sólo la pena, sino garantizar los derechos de las víctimas durante todo el tiempo de aplicación de esa pena», precisó. Esto implica una reforma ambiciosa en cuanto a los nuevos derechos que se les reconoce durante el proceso penal, siempre y cuando éstas quieran ejercitarlos. Según resaltó Gallardón, hasta ahora las víctimas desaparecían una vez que se pronunciaba la Justicia, de tal manera que sólo quedaba margen para la relación del Estado con el condenado. En este proyecto, Justicia ha tomado como elementos de partida cinco directivas europeas y los dos modelos legislativos más avanzados, el francés y alemán. «Vamos a ser el primer país que reunimos en un solo texto legal todos los derechos de las víctimas», precisó.

El catálogo de nuevos derechos procesales y extraprocesales es amplio y llamativo en algunos puntos. Así, por ejemplo, tendrán derecho a recurrir la libertad condicional, aunque no estén personadas en el procedimiento, si la pena del delito es superior a cinco años de prisión. En los casos de víctimas de terrorismo, homicidio, lesiones, tortura y contra la integridad moral, robo cometido con violencia, contra la libertad y la integridad sexual, y siempre que la pena sea superior a los cinco años, podrán recurrir las resoluciones del juez en las que autorice la clasificación del tercer grado antes del cumplimiento de la mitad de la condena, así como aquellas por las que acuerde que el cómputo del tiempo se haga sobre el límite de cumplimiento y no sobre el total de la suma de las penas. En estos casos se permitirá recurrir la libertad condicional del penado.

También podrán recurrir los sobreseimientos en los veinte días siguientes. En la actualidad, el plazo es de tres días, lo que, según las víctimas, hacía casi imposible personarse e interponer el recurso. El Estatuto garantiza que puedan recurrir también aquellos que no se hayan personado anteriormente en el proceso. Asimismo, reconoce expresamente la legitimación de la víctima para dirigirse al tribunal y solicitar que imponga al condenado que ha sido puesto en libertad condicional las medidas de control necesarias para garantizar su seguridad.

Todas las víctimas, estén o no personadas, tendrán derecho a recibir toda la información sobre la causa abierta (fecha del juicio, notificación de sentencias o sobreseimientos); a la traducción e interpretación gratuita de la información necesaria para ejercer sus derechos; y accederán a los servicios especiales de asistencia a las víctimas cuando sea necesario.

Para evitar una segunda victimización, en el Estatuto se establece un régimen de medidas para evitar el contacto de ellas y de sus familiares con sus agresores; y se regula el llamado «derecho de reflexión», por el que se prohíbe a abogados y procuradores que en el plazo de un mes tomen la iniciativa de dirigirse a ellas para ofrecerles sus servicios. Según explicó el ministro, víctimas del accidente ferroviario de Santiago de Compostela y del de Spanair habían hecho llegar al Gobierno su malestar por esa presión en los momentos de mayor duelo. En el caso de los menores, sus declaraciones podrán ser grabadas para después reproducirlas en el juicio. El menor también podrá tener un representante legal cuando exista un conflicto de intereses con los progenitores o representantes legales. El anteproyecto ha sido remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y a las comunidades, que en algunos casos tendrán que colaborar en la aplicación de este régimen de nuevos derechos de las víctimas.

SORAYA: «HAY DECISIONES QUE NO SON JUSTAS»

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se dirigió ayer a las víctimas tras la reunión del Consejo de Ministros. Mañana se celebrará la manifestación en la madrileña Plaza de Colón contra el fallo del TEDH sobre la «doctrina Parot». Esta concentración cuenta con el respaldo del PP, y a ella acudirá una amplia representación de su dirección. Horas antes de esta protesta, la vicepresidenta se solidarizó con el dolor y el malestar de las víctimas. «Todas las víctimas merecen nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Entendemos que éste es un momento muy duro porque se acude pidiendo Justicia y hay decisiones que no son justas», señaló, en alusión, sin citarlo expresamente, al pronunciamiento de la Corte europea, informa C. Morodo.