La letra pequeña de las medidas anticorrupción que el Gobierno aprobará hoy, siete meses después de anunciarlas

El Consejo de Ministros aprobará hoy en primera vuelta el anteproyecto de ley de integridad pública, se trata de una de las medidas estrella que Pedro Sánchez prometió en julio de 2025.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, será la encargada de explicar la norma en rueda de prensa.

El plan nace de la crisis que estalló el pasado verano, cuando la presunta implicación de Cerdán en una trama de mordidas vinculada a contratos públicos salpicó también a José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Tras aquel episodio, Sánchez anunció en el Congreso un plan estatal contra la corrupcióncon 15 medidas elaboradas junto a la OCDE, expertos independientes, grupos parlamentarios, el GRECO y la Comisión Europea.

La pieza central del paquete es la Agencia Independiente de Integridad Pública, un organismo que generó debate interno cuando lo propuso Sumar y que finalmente se incorporó tras el estallido del caso anteriormente mencionado.

La agencia dirigirá las políticas anticorrupción, revisará la legislación y reforzará los controles. Varios países europeos ya cuentan con instituciones similares.

Aun así, las medidas llegan con retraso y, con la actual aritmética parlamentaria, no está claro que puedan aprobarse en esta legislatura. Hoy solo se da el primer paso y comienza una tramitación que será lenta.

La nueva agencia y los controles reforzados marcan el núcleo de la reforma

Entre esas medidas figura la puesta en marcha de la agencia, que asumirá funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas.

También se incorporarán herramientas de inteligencia artificial en la plataforma de contratación pública para detectar indicios de fraude o patrones anómalos.

El Gobierno quiere aprobar además una Ley de Administración Abierta que refuerce la transparencia activa, establezca sistemas de alerta temprana y actualice el Portal de Transparencia. Habrá controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato.

También se reforzará la supervisión de los partidos políticos. Las formaciones y fundaciones que reciban más de 50.000 euros de financiación pública deberán someterse a auditorías externas e independientes.

Además, se reducirá a 2.500 euros el umbral para publicar donaciones privadas y el plazo para hacerlo será de un mes. El paquete incluye también una Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés.

Otra de las claves es la protección de quienes denuncien corrupción. El Gobierno quiere garantizar confidencialidad, protección y apoyo legal a quienes acudan a la Fiscalía, la Policía o los juzgados. Tanto empresas públicas como privadas deberán disponer de canales internos de denuncia.

El plan prevé la creación de secciones judiciales especializadas en delitos contra la Administración Pública, el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción y el endurecimiento de las penas en el Código Penal. Además, se pondrá en marcha un sistema de listas negras para impedir que empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración.

Un paquete amplio, ambicioso y políticamente sensible, que llega siete meses después de ser anunciado y que ahora inicia un camino parlamentario incierto.