Estas son las medidas del plan anticorrupción anunciado por Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles un plan estatal de lucha contra la corrupción, elaborado junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del que forman parte quince medidas, entre ellas la creación de una agencia de integridad pública independiente.

Este plan se ha preparado durante el último mes, y además de trabajar con la OCDE, incorpora algunas de las propuestas que han ido planteando diversos grupos parlamentarios, como la relativa a la agencia de integridad pública planteada por Sumar. Según explicó el líder del Ejecutivo en el Congreso, el Plan se divide en cinco ejes:

Controles frente a la corrupción

• Puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública independiente, que asumirá las funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas. Coordinará de forma independiente la lucha contra la corrupción.
• Extensión de la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración.
• Se introducirán aplicaciones de Inteligencia Artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude.
• Exigencia de sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las Administraciones y despliegue de pactos de integridad para determinados contratos públicos, como hacen ya otros países europeos.
• La nueva Ley de Administración Abierta reforzará la obligación de transparencia activa, establecerá mecanismos de alerta temprana y actualizará el Portal de Transparencia del Estado. Se establecerán controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato.
• Refuerzo de los controles sobre los partidos políticos (Obligación a partidos y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros de realizar auditorías externas e independientes, profundizar en la transparencia en las donaciones y financiación privada, reduciendo el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción y aprobación de una Ley de Transparencia e integridad de los Grupos de interés).

Protección a los denunciantes

Incluir en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que cualquier persona que acuda directamente ante la Fiscalía, la Policía o un Juez a denunciar actos de corrupción, cuente con garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal. Se exigirá a las empresas tener canales internos de denuncia y obligaremos a todas las administraciones públicas a incorporar estos canales en un sistema general de integridad institucional.

Refuerzo de la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción

• Creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados, lo que ayudará a agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia. Otorgar carácter preferente y se creará un procedimiento sumario para las causas que involucren a cargos públicos.
• Continuar con el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción con más medios y la remisión a las Cortes Generales del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluirá una reforma estructural del modelo de instrucción penal, atribuyendo esta competencia al Ministerio Fiscal.
• Endurecimiento de las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal y duplicación de los plazos de prescripción, junto al aumento de las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales.
• Puesta en marcha de un sistema de exclusión y listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración.
• Dentro de los partidos, endurecimiento de las sanciones por infracciones contables y retirada de subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción.

Recuperación de bienes robados

• Aumento de medios y plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente. Se optimizará su coordinación con juzgados, fiscalías y con la Fiscalía Europea.
• Introducción de la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa, evitando que los responsables oculten o dispongan del dinero robado antes de que llegue la justicia.

Cultura de integridad

• Realización de estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana y refuerzo de la formación de los empleados públicos en integridad y prevención.
• Sistema de seguimiento y evaluación, que dará cuenta de los avances realizados a los 12 y a los 24 meses, y emitirá un dictamen técnico que será de dominio público.