Llarena no descarta otra euroorden tras la sentencia

Jueces lamentan que las declaraciones de Sánchez «no ayudan a nuestra credibilidad internacional» Justicia español.

La Justicia alemana permitió al prófugo Puigdemont que pueda vivir con la tranquilidad con que lo hace ahora en la ciudad belga de Waterloo, viendo a distancia cómo algunos de sus ex consejeros, ex presidenta del Parlament y ex socios de Gobierno pasan sus días en las prisiones de Lledoners –Junqueras, Rull, Turull, Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn– y Puig de les Basses –Carme Forcadell– a la espera de ser traslados nuevamente a prisiones de Madrid para acudir al juicio, que, previsiblemente, comenzará el próximo mes de diciembre.

La decisión de la Justicia teutona hizo que el instructor de la causa, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, retirara la Orden de Detención Internacional que había dictado contra Puigdemont el 23 de marzo, poco después de procesarle por, entre otros, el delito de rebelión. Previamente, en diciembre de 2017, Llarena había retirado igualmente la euroorden contra el ex presidente catalán, después de que Bélgica se negara a entregarle a España. Esta decisión belga fue lo que le permitió trasladarse a Alemania, donde pasó unas horas en prisión tras ser detenido, hasta que, finalmente, un tribunal regional rechazó de plano entregarle por rebelión y sólo entraría a valorar su puesta a disposición española por el delito de malversación de caudales.

Ahora, la cuestión que se plantea es qué ocurrirá con los prófugos una vez que se celebre el juicio contra los 18 procesados de esta causa que no han huido, nueve de los cuales se encuentran en prisión y otros tantos en libertad provisional. Es decir, si continuarán en sus «refugios dorados» sin temor alguno a ser detenidos y entregados a España, o si el Tribunal Supremo puede hacer algo para evitar esa situación.

En este sentido, fuentes del citado tribunal indicaron a LA RAZÓN que no es nada descartable que se vuelva a dictar una nueva euroorden de detención contra Puigdemont y algunos de los fugados –contra Anna Gabriel es bastante improbable, ya que sólo está procesada por desobediencia–.

Esa opción, señalaron al respecto, va a depender fundamentalmente del sentido de la sentencia que dicta la Sala Segunda contra los procesados, de si existe o no una condena por delitos de especial gravedad, ya sea rebelión o sedición. Y, en segundo lugar, del «apoyo que se le dé a nivel internacional» a la misma, ya que de ello puede depender la viabilidad de esa nueva orden de detención internacional. Ante una sentencia clara y rotunda los tribunales de otros países se encontrarían con pocos argumentos para no acceder a la entrega, mientras que un fallo absolutorio o con penas mínimas haría prácticamente inviable esa entrega y, por tanto, las opciones de dictar una nueva orden de detención serían prácticamente nulas.

Junto a ello, otras fuentes no esconden que las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que aseguró que lo sucedido en Cataluña con la Declaración Unilateral del Parlamento, el «asalto» a la Consejería de Economía y la culminación con el referéndum ilegal del 1-O no constituía ningún delito de rebelión, tampoco han contribuido a fomentar ese respaldo internacional que sería necesario. «Un presidente de Gobierno sustantando las tesis de los nacionalistas por encima de las de su Poder Judicial no ayuda a conseguir que el resto de países presten credibilidad a la actuación del Tribunal Supremo».

Así, que se dicte una tercera euroorden contra Puigdemont va a depender sobre todo del contenido de la sentencia «y del criterio que mantenga la Abogacía del Estado», ya que ésta depende directamente del Gobierno, «pues si defienden que no hay rebelión los propios servicios jurídicos del Estado la decisión de los tribunales donde esté pueden tener otro elemento más que dificulte la entrega».

El 19 de julio, Llarena rechazó que Puigdemont fuese extraditado por Alemania sólo por malversación, como acordó el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein, al que acusaba de «falta de compromiso» de este tribunal con unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español.