«Los delitos que se le imputan no están acreditados»

El abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, ha defendido hoy la inocencia de su cliente y ha asegurado que los delitos que se le imputan al duque de Palma no están "debidamente acreditados". En declaraciones a los periodistas, Pascual Vives ha dicho que todavía no sabe si recurrirá la decisión del juez José Castro de mantener la imputación de Urdangarín.

Pascual Vives ha dado por hecho que su defendido acabará siendo juzgado y que quien tenga que decidir "si es culpable o no, será el tribunal pertinente".

Hay que señalar que el juez Castro afirma en su auto que Iñaki Urdangarín creó un entramado empresarial para "rentabilizar económicamente"en negocios con entidades públicas y privadas su vinculación con la Casa Real gracias a su matrimonio con la infanta Cristina.

En el auto en el que cierra cuatro años de investigación sobre el Instituto Nóos y la red de sociedades ligadas a esta entidad, Castro asegura que Urdangarín y su socio, Diego Torres, se lucraron aprovechando "el área de influencia"en la que supuestamente podía actuar el entonces yerno del Rey Juan Carlos.

El instructor del caso Nóos considera que el duque de Palma cometió 25 delitos: cinco de prevaricación, cinco de malversación de caudales públicos, cinco de fraude a la administración y cinco de tráfico de influencias, uno de falsedad de documento oficial, uno de falsificación de documentación mercantil, uno de estafa y dos delitos de fraude a Hacienda.

Son ocho delitos diferentes, varios de ellos cometidos de manera reiterada, los que figuran en el auto de 167 páginas con el que el magistrado pone fin a la instrucción del caso Nóos.

Torres está acusado de los mismos delitos a excepción del de fraude fiscal, ya que solo se le atribuye uno.

Sobre los dos socios de Nóos pesa un embargo de propiedades dictado por el juez por impago de la finanza de responsabilidad civil que les impuso para garantizar que harán frente a una eventual condena.

El titular del juzgado de instrucción 3 de Palma considera que se ha puesto de manifiesto que Urdangarin y Torres, que se conocieron cuando el segundo era profesor del exdeportista en una escuela de negocios, crearon y dirigieron el Instituto Nóos e integraron en él a doña Cristina y al secretario de las infantas, Carlos García Revenga para obtener réditos de su proximidad a la Corona.

"Desde su origen se ha venido adornando allá donde se presentaba con el escaparate de entidad sin ánimo de lucro, gracias a cuyo tan aireado como falso altruismo, al parentesco de dos de sus miembros con el Rey y a la vinculación profesional de un tercero con la Casa Real, obtenía de las contrapartes importantes disposiciones de efectivos", señala Castro sobre Nóos.

Añade que, aunque en 2006 la Casa Real pidió a Urdangarín que se apartara de Nóos a raíz de unas críticas políticas sobre el coste de eventos organizados por el instituto en Baleares, el yerno de don Juan Carlos solo se desvinculó de manera aparente.

Con este planteamiento básico, el juez explica los pormenores de la actuación presuntamente delictiva de Torres y Urdangarín y las personas que trabajaron para ellos en los servicios que prestaron para las administraciones valenciana, balear y madrileña y los supuestos delitos que cometieron los responsables públicos que les contrataron.

En 2003, el antiguo jugador de balonmano, aprovechando su amistad con el director general de Deportes balear, el regatista "Pepote Ballester, medió para que el Govern autonómico patrocinara por tres años y con un coste de 18 millones de euros el antiguo equipo ciclista Banesto, lo que le reportó una comisión de casi 500.000 euros.

La operación fue acordada directamente por Urdangarín con el entonces presidente de Baleares, Jaume Matas, y, como sucedió en todos los posteriores negocios de Nóos con administraciones públicas, la contratación se hizo al margen de los procedimientos legales establecidos y sin justificación técnica ni control económico alguno.

Al año siguiente, el Instituto Nóos pactó con las entidades Fundación Turismo Valencia Convention Bureau y Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la organización de tres foros sobre eventos deportivos que se celebraron de 2004 a 2006 y por los que las arcas públicas desembolsaron 3,1 millones de euros.

Castro considera que estos servicios fueron contratados al margen de la ley y que se aceptaron sin más las condiciones económicas "impuestas"por Nóos, que incluso facturó aparte gastos de transporte y estancia en Valencia de Urdangarín.

En 2005, el entonces presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, encargó a su vicepresidente, Víctor Campos, que se entrevistara con el duque de Palma para colaborar "bajo cualquier modalidad y cualquier objetivo", y de ello se derivó el encargo a Nóos del diseño de la candidatura para los Juegos Europeos, relata el juez.

El magistrado censura la actuación de Camps, que no está imputado en la causa, y la encuadra en el ámbito de "los favoritismos y compadreos".

Una actuación parecida a las anteriores describe el juez respecto a la contratación de Nóos para organizar en Baleares dos foros sobre turismo y deporte en 2005 y 2006 que directamente pactó el duque de Palma con Jaume Matas, sin que se cuestionase su utilidad, coste y tramitación administrativa.

El último de los negocios de Torres y Urdangarin con una administración fue el convenio para la promoción de la candidatura olímpica Madrid 2016 por el que la entidad municipal creada para ese fin pagó 120.000 euros a la sociedad heredera de Nóos, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social.

Para justificar la percepción de los entorno a 6 millones de euros que ingresó Nóos pese a ser una entidad no lucrativa, los socios derivaron todos los fondos a través de un entramado empresarial ideado para ello, cruzaron facturas falsas e hicieron contratos falsos para reducir pagos a Hacienda, afirma el juez.