Los hijos de Ruiz-Mateos culpan a su padre del posible delito de fraude

La defensa de Alfonso y Pablo Ruiz-Mateos, Juan Pedro Cosano, cuyo juicio ha comenzado hoy en Madrid, ha alegado ante el juez que se ha producido una nulidad en el procedimiento por infracción del principio de legalidad procesal y que las decisiones de traspasar activos al extranjero las adoptó el padre, José María Ruiz-Mateos.

Para ello, ha solicitado que se tome declaración a Humberto Otero, Jose Manuel Álvarez (ejecutivos de Nueva Rumasa) y Carlos Benito, uno de los letrados en los concursos de las empresas de Nueva Rumasa.

Cosano ha indicado que con estas declaraciones quiere acreditar que todas decisiones eran adoptadas por Jose María Ruiz-Mateos padre, y que fue decisión suya cuando se creó el conglomerado de Nueva Rumasa traspasar activos a sociedad radicadas en el extranjero, incluso cuando no tenían deuda.

“Una decisión no conocida, ni compartida por sus hijos cuando se hizo en lo años 90”, ha insistido.

A su juicio, se ha inculcado el principio de legalidad procesal y derechos procesales.

Para soportar los hechos en los que se basa la nulidad se atiene al contenido de una denuncia del fiscal jefe de la Fiscalía de Madrid del 22 diciembre de 2000.

Según Cosano, en esa denuncia se pone en conocimiento del Tribunal Superior que por parte de la entidad Managment se formula solicitud de quiebra de Finamerco.

Se produce cuando estaba en un largo procedimiento arbitral que empezó en 1997 y acabó en 2000, y concluyó en una declaración de la fiscalía que señalaba que era una estafa procesal y se presentó demanda por quiebra de Finamerco.

Ante el juez ha afirmado que considera que se produce un intento de extorsión a Jose María Ruiz-Mateos padre por 100 millones de pesetas por parte de las personas nombradas inicialmente para la tutela de la quiebra, entre ellas el abogado, el comisario y el juez de la quiebra que más tarde fueron apartados.

Ha destacado que se produce un beneficio ilícito por parte de los órganos de la quiebra.

Por ello, defiende que la incautación de los documentos en que se basan las acusaciones debe ser rechazada por ilícita, “porque nos parece que cualquier prueba que se obtenga así debe ser rechazada por ser ilícita”.

En su opinión, el proceso de quiebra era nulo de pleno Derecho porque se había violado el principio de legalidad procesal.

La mayoría de los abogados de las defensas se ha adherido a la petición de nulidad de la obtención de las pruebas sobre las que se basa la acusación.

Los abogados de la defensa indican que la extorsión a Jose María Ruiz-Mateos padre se hizo de forma posterior a la ocupación de los libros de Finamerco que obran en las actuaciones, y que si la extorsión es posterior a la ocupación de libro “sí es ilícita”.

El letrado Juan Vázquez Carreño, abogado de Grapesherry, sociedad que vende Garvey a Finamerco, sostiene que no se juzga la quiebra, sino la despatriomonialización de una empresa.

“Hoy, 18 años después de la venta, Grapesherry no ha cobrado nada, no existe prescripción de los delitos, puesto que los pagarés vencieron en 2009 y no hay nulidad de quiebra, porque es lícita legal y ha sido declarada fraudulenta”, ha señalado.

El presidente de la sala, Jesús Fernández, ha apuntado tras un receso de quince minutos que se aceptan las pruebas sobre las que se sustentan las acusaciones.