Los partidos tendrán que identificar a sus bancos y las condiciones de sus préstamos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llevará el 27 de noviembre al Congreso de los Diputados el detalle de sus medidas para la regeneración democrática.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llevará el 27 de noviembre al Congreso de los Diputados el detalle de sus medidas para la regeneración democrática. Después de casi un año de negociación con los grupos parlamentarios, y casi dos años después de que el presidente anunciase en el Debate del Estado de la Nación que iba a impulsar un plan de regeneración democrática, las nuevas leyes y los cambios procesales se pondrán en marcha en los próximos meses. El Grupo Popular aceptó convocar este Pleno, que quedará convertido en una sesión monográfica sobre la corrupción, ante la presión de las demás fuerzas parlamentarias a rebufo del escándalo por las «tarjetas black» de Caja Madrid. En un primer momento, el PP se negó a celebrarlo porque decía que era una «encerrona» por parte de la oposición, pero al final Rajoy sí acudirá al Parlamento aunque con una importante baza bajo la su manga. Moncloa y los ministerios afectados trabajan para tenerlo todo listo para que Rajoy pueda presentarse en el Congreso con «hechos» para desactivar así la presión política y amortigüe el desgaste que reflejan las últimas encuestas de opinión, entre ellas el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los cambios se están concretando con la instrucción de máxima discreción y reserva, y con la información centralizada en Moncloa para que no haya filtraciones que desactiven el golpe de efecto que pretenden dar el día 27 en el Congreso. Después de un parón en la negociación con los demás grupos, justificado en las elecciones europeas y luego en el recambio en la dirección socialista, el Gobierno retomó las conversaciones en septiembre. De esta ronda de contactos no ha salido nada en concreto, pese a los puntos en común constatados con el PSOE. Por eso Rajoy pondrá su letra a la música ya adelantada e iniciará la tramitación parlamentaria de los nuevos proyectos, de la ley orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos y de la nueva ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. En su intervención en la Cámara Baja, el presidente anunciará, entre otras cosas, las penas que corresponderán al nuevo delito de financiación ilegal de partidos. La nueva legislación establece la adaptación de la regulación de los partidos a la recuperación de su responsabilidad penal como personas jurídicas. Incluye una tipificación, asimismo, de infracciones muy graves, graves y leves, junto con sus correspondientes sanciones y plazos de prescripción. E incorpora el cobro de las sanciones impuestas a los partidos en el periodo ejecutivo por la Agencia Tributaria. Las reformas endurecerán, asimismo, los controles del régimen interno de los partidos e incluirán más control de las donaciones –con la prohibición de las donaciones procedentes de personas jurídicas y de entes sin responsabilidad jurídica o la prohibición de las condonaciones de deuda a los partidos por parte de los bancos– y más exigencias en materia de transparencia. Sobre esto último, los partidos estarán obligados a publicar su información contable, incluyendo balance y cuenta de resultados, créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el tipo de interés, el plazo de amortización, así como las subvenciones recibidas y las donaciones superiores a 50.000 euros. En su intervención Rajoy también se detendrá en los nuevos controles que afectarán a los altos cargos para certificar que no utilizan sus responsabilidades para un enriquecimiento ilícito. Habrá nuevos requisitos de idoneidad para ser nombrado y tendrán que hacer declaraciones de actividades, bienes y derechos al inicio y al cese, así como presentar un certificado anual de la declaración del IRPF. Las infracciones muy graves y graves comportarán la imposibilidad de un nuevo nombramiento durante un periodo de entre 5 y 10 años. Por último, en el ámbito procesal y penal, este año se aprobará la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que agilizará la tramitación de los procedimientos penales. Por cierto, Rajoy también concretará el control parlamentario de los indultos y los cambios para dar más eficacia a la iniciativa legislativa popular.