Pulso al gobierno

Los sindicatos quieren ir a la guerra total

Confabulación de CC OO y UGT para llevar al Gobierno a los tribunales. Las centrales crean una red para denunciar en todos los sectores y provincias la supresión de la extra a los funcionarios

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el de CC OO, Ignacio Fernández Toxo
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el de CC OO, Ignacio Fernández Toxolarazon

La estrategia sindical diseñada contra el Gobierno durante este año 2013 no se detendrá en las protestas de la calle. Además de las numerosas manifestaciones contra las medidas del Ejecutivo, como las «mareas blancas» en el sector sanitario de Madrid, que volvieron ayer a la carga, los sindicatos pretenden sentar a la Administración en el banquillo con un plan muy bien orquestado.

Las diferentes organizaciones de la Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de empleados públicos, compuesta por más de una treintena de entidades, presentarán denuncias de forma conjunta para reclamar la supresión de la paga extra de Navidad a todos los trabajadores públicos.

Dichos sindicatos, liderados por UGT, CC OO y CSIF, prepararán una sola demanda por cada ámbito de representación (Sanidad, Educación, administraciones...) y será interpuesta por una persona en representación de todos los empleados públicos de ese entorno.

Según fuentes sindicales, al presentar una sola reclamación, todas las organizaciones presentes en el plan podrán hacerse cargo de los costes judiciales y así evitarán un gasto innecesario a los trabajadores públicos, que tendrían que pagarlo por su cuenta si tuvieran que denunciar uno por uno la reforma.

En el caso del personal laboral, los sindicatos recurrirán ante la Audiencia Nacional, puesto que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, mientras que los funcionarios, por su parte, tendrán que hacer esta reclamación a través de la vía contencioso-administrativa.

Las denuncias se realizarán contra los organismos que deberían haber pagado la «extra» en cada ámbito, es decir, en sectores como la educación o la sanidad en los que las consejerías son autonómicas se realizará una queja por cada comunidad con la crítica contra la decisión del Gobierno como telón de fondo. Por su parte, otro tipo de trabajadores, como los de los ministerios, tendrán que reclamar a nivel estatal, porque la competencia es de la Administración Central.

Extensión de sentencia

En el siguiente paso de la trama sindical, siempre y cuando alguna de estas denuncias consiguiera prosperar y ganar el recurso, lo que significaría que el reclamante logra cobrar la paga extra, sería que los organismos que constituyen la Plataforma pedirían a la Justicia la extensión de sentencia a todo el ámbito nacional.

Una vez conseguido esto, cada trabajador del sector que haya ganado la demanda debería pedir que se le ingresase la paga porque, según fuentes sindicales, «es igual un médico o un profesor en un lugar que en otro».

Las demandas, aún en proceso de preparación, serán presentadas, previsiblemente, en la segunda o tercera semana de este mes en todos los órganos que deberían haber pagado la «extra» y no lo han hecho.

Por otra parte, en un principio, se dijo que los funcionarios de clases pasivas cotizarían por la paga de Navidad aunque no la cobrasen, motivo por el que los sindicatos protestaron aún más. En este tipo de funcionarios se encuentran todos aquellos trabajadores de la Administración Civil y Militar del Estado, incluidos los empleados de Justicia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y Cortes Generales, junto con los cargos públicos.

Finalmente, el ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, anunció en un comunicado emitido durante la última semana del año 2012 que arreglaría este hecho y que, a lo largo del primer trimestre de 2013, restituiría las cotizaciones descontadas por la paga extra de diciembre que no recibieron estos funcionarios.

En definitiva, los sindicatos prevén conseguir este año todos sus objetivos y tensarán aún más la cuerda sobre el Gobierno de Rajoy, actuando para ello en dos frentes prácticamente inéditos con el Ejecutivo de Zapatero: la calle y los tribunales