Luz verde a la reforma concursal que ayudará a salvar empresas viables

El Gobierno ha aprobado hoy un real decreto ley de Medidas urgentes para financiación y reestructuración de empresas, por el que se reforma la ley concursal, y hará más fácil que la banca llegue a acuerdos con compañías que aunque están altamente endeudadas, son viables.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que con esta norma se completa un paquete de medidas que están destinadas a las empresas que pese a su alto endeudamiento, "pueden seguir desarrollando su actividad y manteniendo su empleo".

"Es una norma que nace para asegurar el futuro de las empresas y evitar soluciones de insolvencia", ha dicho la vicepresidenta, que ha explicado que de esta manera, se dota a las compañías de mayores instrumentos para su reestructuración y refinanciación.

Mediante este nuevo real decreto ley, se reforma la legislación concursal, para que así, las normas que regulan los concursos de acreedores "no supongan trabas en aquellos procesos de refinanciación de empresas", ha añadido la vicepresidenta, que ha insistido en que el objetivo es que aquellas compañías "que pueden seguir adelante, que tienen futuro, no se vean lastradas por problemas de financiación o sobreendeudamiento".

Por tanto, ha manifestado, con esta nueva norma, se facilitan la celebración de acuerdos de financiación para las empresas, se potencian los mecanismos de quitas y aplazamientos de pagos, y se ofrece la posibilidad de convertir la deuda en capital, es decir, que los acreedores se conviertan en accionistas de las empresas.

De la misma manera, la citada norma establece la firma de acuerdos individuales de financiación con uno o más acreedores, siempre que mejore la situación patrimonial del deudor sin necesidad de contar con mayorías de pasivos.

En los acuerdos colectivos de refinanciación de deuda de las empresas no homologados judicialmente, se elimina la exigencia de la figura del experto independiente, con lo que será suficiente que el auditor de cuentas certifique que se cuenta con las mayorías de pasivo exigidas.

Una vez se firme el acuerdo, este no podrá ser rescindido posteriormente si la empresa entra en concurso acreedores.

En aquellos acuerdos colectivos de refinanciación homologados judicialmente, se simplifica la intervención judicial, se incrementa la seguridad jurídica, y se propone reducir el voto necesario de los acreedores hasta el 51 %, además de la conversión de deuda a capital.

En este último caso, el acuerdo de la junta de accionistas requerirá mayoría simple, ha dicho la vicepresidenta.

De la misma forma, la norma incluye medidas comunes a todos los acuerdos, que estén homologados o no judicialmente, de manera que durante las negociaciones de refinanciación, se paralizarán las ejecuciones de bienes necesarios para continuar con la actividad empresarial.

Por último, la norma establece que el dinero nuevo que haya sido puesto para la refinanciación de las empresas tenga preferencia frente a los restantes deudores.