Magdalena Álvarez y un alto cargo de Griñán, imputados por los ERE

La juez Mercedes Alaya ha imputado a 20 cargos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía a los que responsabiliza «del dispendio continuado de fondos públicos» que sirvieron para financiar la partida de los ERE. La instructora considera que permitieron un sistema con el que la Administración andaluza ha maquillado de manera presuntamente fraudulenta la concesión de subvenciones. La clave reside en el modelo instaurado durante una década que quebró los controles administrativos y permitió que surgiera todo lo que vino después: sobrecomisiones, intrusos, ayudas fraudulentas a empresas, etcétera. En concreto, la aplicación de transferencias de financiación para el pago de subvenciones, aspecto denunciado por la Cámara de Cuentas y por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

El sistema es sencillo. La transferencia de financiación es un recurso legal utilizado por todas las administraciones. La juez aclara en su auto que «son aquellas aportaciones dinerarias entre la Administración de la Junta de Andalucía y otras Administraciones Públicas o entes públicos destinadas a financiar globalmente la actividad (Ley 15/2001 de 26 de diciembre)». El problema es que constituyen «una figura absolutamente inadecuada para su uso como subvenciones sociolaborales», es decir, para el pago de prejubilaciones. Al ser créditos genéricos, la Intervención se limitaba a aprobarlos, pero no fiscalizaba el destino final del dinero, que se tramitaba sin publicidad como una subvención «al margen de la normativa reguladora», mantiene la instructora.

Por ejemplo, en el acta de declaración como testigo del ex interventor delegado de la Consejería de Empleo entre 2003 y 2004 Ramón Gutiérrez, éste afirma que «los créditos transferidos vía transferencia de financiación eran para gastos corrientes del órgano que los recibe (personal, bienes corrientes y servicios generales, gastos financieros)». Asegura que la «aplicación de ese dinero no era competencia suya». La juez sí ve responsabilidad en los altos cargos que aprobaron ese procedimiento.

Con este «salto cualitativo», Alaya imputa a todas las personas que «en la ejecución de sus respectivas competencias habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación».

Una de ellas es la ex consejera de Economía y Hacienda –y ex ministra de Fomento– Magdalena Álvarez. Estuvo en el cargo entre 1994 y 2004 y «fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la Orden de 4 de junio de 2003». Además, «la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde el año 1999 al 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales, a través de las citadas transferencias, se realizaban mediante modificaciones presupuestarias». Todo era competencia del departamento que dirigía la actual vicepresidenta del BEI.

A Álvarez le relevó en el cargo José Antonio Griñán, que entre 2004 y 2009 siguió desarrollando las mismas prácticas por las que se imputa a la ex consejera y ex ministra. De ahí que fuentes jurídicas apunten a su previsible imputación si se confirma la tesis de la instructora.

Precisamente uno de los imputados es Antonio Lozano, que fue director general de Presupuestos desde el 21 de abril de 2002 hasta el 26 de abril de 2009. En el auto señala que «tendría una importante intervención en las referidas modificaciones presupuestarias y en los presupuestos de la Comunidad Autónoma donde se mantendría durante muchos años la transferencia de financiación como crédito presupuestario para el pago de las subvenciones sociolaborales del programa 31L». Lozano, una de las personas de máxima confianza del presidente de la Junta, es actualmente viceconsejero de Presidencia, «número dos» por tanto de Susana Díaz, la elegida para suceder a Griñán.

Entre los imputados también está el ex interventor general Manuel Gómez, la persona que avisó hasta en 17 ocasiones de la ilegalidad del proceso y que acusó al presidente andaluz de «cebar» la «partida corrupta de los ERE». Gómez declarará ante Alaya el 25 de julio. El resto aún no tiene fecha.

Ninguno de los imputados es aforado. Otros que sí lo son y que siguieron desarrollando el mismo modelo de concesión de ayudas y ocupan cargos públicos relevantes están en el punto de mira.