Mas o el «modesto servidor»

El president estuvo ayer reunido toda la tarde con sus abogados para preparar su defensa. No responderá a la acusación popular pero sí a la Fiscalía.

¿Hasta dónde llegará el conflicto entre la Generalitat de Cataluña y el Poder Judicial? Esta es la pregunta que anoche recorría todos los despachos políticos y judiciales de Barcelona ante la declaración de Artur Mas ante el TSJC, prevista para hoy a las diez de la mañana. Sereno, pero rotundo. Con la conciencia tranquila y absolutamente convencido de no haber cometido delito. «Está combativo y con muchas ganas de defenderse», aseguran en el entorno del presidente catalán, que ayer por la tarde permaneció reunido con su equipo de abogados, Rafael Entrena, Jordi Pina y Xavier Melero. La sintonía entre los letrados es total y han mantenido varias reuniones de coordinación en las últimas semanas. Al tiempo, dirigentes del bloque soberanista ensayaban una gran movilización callejera, que esperan sea mucho mayor que la escenificada en las declaraciones de Joana Ortega e Irene Rigau. «Todos unidos y con enormes muestras de cariño popular», aseguran dirigentes de Convergència.

La falta de acuerdo para una investidura presidencial se ha vuelto en una total unanimidad ante los tribunales. Todos los partidos de Juntos por el sí, pero además los radicales de la CUP, tienen prevista una gran manifestación y acompañar a Mas hasta la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Su comunicado, y el también emitido por el Consejo General del Poder Judicial denunciando presiones no han hecho ninguna mella entre los soberanistas. «Otros partidos también lo han hecho», recuerdan los convergentes en alusión a similares movilizaciones como en los casos de Juan José Ibarretxe, José Barrionuevo o Francisco Camps. Para ellos, acompañar al presidente y consejeras de su gobierno en este trance «es una clara muestra de libertad de expresión».

El ambiente se caldea por la inoportunidad de la fecha: el aniversario del fusilamiento de Lluís Companys hace setenta y cinco años. Artur Mas acudirá a primera hora a la tradicional ofrenda al ex presidente catalán y, acto seguido, se dirigirá al Tribunal Superior acompañado por sus abogados y todos los miembros de su Gobierno. La Generalitat, Convergència y los partidos del bloque separatista tienen prevista una masiva movilización ante lo que consideran «una conspiración política desde Madrid y un ataque al pueblo catalán». Pero, ¿cómo reaccionará la calle ante esta confrontación entre jueces y el poder político? Expertos juristas opinan que, si todo discurre por la vía pacífica, nada será punible. Otra cosa es, advierten, si se profieren insultos o agresiones hacia los magistrados del tribunal o el juez instructor de la causa. Los ánimos están muy caldeados tras las elecciones del 27-S, reconocen.

Artur Mas estuvo reunido ayer tarde varias horas con el equipo de letrados que le asisten: Xavier Melero, Rafael Entrena y Jordi Pina. Tres prestigiosos abogados de Barcelona que sustentan la tesis de defensa en la nula existencia de los delitos imputados sobre el referéndum del 9 de noviembre: desobediencia al Tribunal Constitucional, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones. Además, argumentan defectos de forma al recordar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la declaración de los imputados antes que la de los testigos, y en este proceso ya lo han hecho cuatro personas. Consideran que el inicio de diligencias con la toma de declaración de los querellados «es el único medio para hacer valer el derecho de defensa y procedimiento con todas las garantías de la Constitución». La defensa insiste también en la despenalización efectuada en su día por las Cortes sobre la ley del referéndum. «Si el legislador no vio delito, ahora tampoco puede haberlo», aseguran. En cuanto al acto propio del 9-N, la tesis de los defensores plantea diferencias entre «impulsar e informar». Una vez efectuada las votaciones, era obligatorio informar a la ciudadanía, y rechazan la malversación «por no existir claramente ningún afán ni prueba de lucro».

Tranquilo y reforzado por el resultado del 27-S, Artur Mas se considera un «rebelde democrático» ante el Estado por poner las urnas. Según sus abogados, negará el delito de desobediencia al asegurar que él ya se dirigió al Tribunal Constitucional para que concretara los actos que quedaban suspendidos por la resolución sobre la consulta y no obtuvo respuesta. Negará también la malversación de caudales, puesto que todo el material como la compra de ordenadores se destinó a colegios e institutos, y defenderá la plena competencia de funciones como presidente de la Generalitat. Tampoco olvidará la carga política del proceso contra «un modesto servidor hacia la voluntad y dignidad de todo un pueblo».

Al parecer, sí contestará a las preguntas del Ministerio Fiscal, dónde según fuentes jurídicas existe «mucho malestar» por un procedimiento «que podría haberse resuelto en cuestión de días». Algo que no hicieron Irene Rigau y Joana Ortega como gesto de «rechazo y desdén» a la querella presentada por la propia Fiscalía. Pero Mas sí lo hará en su condición de presidente de la Generalitat, como muestra de «no tener nada que temer en el interrogatorio», aseguran fuentes jurídicas. En CDC reiteran cómo se produjo la querella contra el presidente: «Ninguno de los Fiscales de Cataluña eran partidarios y lo hicieron obligados por Eduardo Torres-Dulce, o sea, por el Gobierno». Aquellos días se produjo una enorme tensión entre los fiscales catalanes y el Fiscal General del Estado, que culminó con su dimisión del cargo.

El presidente catalán tiene su declaración «perfectamente preparada y acudirá al Tribunal como un servidor más, con muchas ganas de dar su versión de los hechos», según sus abogados. A todos cuantos le han visitado estos días les ha trasladado que asume plenamente la responsabilidad de la consulta del 9-N con un mensaje claro: las urnas y votar en libertad no pueden jamás ser imputables.