Artur Mas, sobre el 9-N: «Yo fui el responsable de todo»

El ex presidente de la Generalitat asume la «culpa» de la consulta ilegal pero apunta a los voluntarios, que fueron quienes «sacaron las urnas». Se escuda en que el Tribunal Constitucional «no hizo nada para evitarlo».

En uno de los juicios más importantes celebrados en los últimos años en España, los tres encausados llegaron más de media hora tarde. Eran el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Educación Irene Rigau. Están acusados por desobediencia grave y prevaricación, por la pseudoconsulta independentista del 9-N de 2014, que contó con urnas de cartón. Se retiró la acusación de malversación de caudales públicos, el único delito que podía conllevar cárcel.

El retraso les valió un severo aviso por parte del juez, Jesús María Barrientos, que podría emprender medidas cautelares por ello. No fue la única reprimenda que recibió Mas. La Fiscalía, ejercida en cabeza por Emilio Sánchez Ulled, pide diez años de inhabilitación para el ex presidente de Cataluña y nueve para las otras dos encausadas.

Tanto Mas como Ortega y Rigau, tras ser arropados por miles de personas en las puertas de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), sólo respondieron a las preguntas de sus abogados, no a las de la Fiscalía y las acusaciones particulares.

Mas fue el primero y asumió «toda la responsabilidad política» de la pseudoconsulta o «proceso participativo», según la denominación soberanista. Ya lo había dicho antes, pero ayer lo recalcó de nuevo, e incluso con ataques al Tribunal Constitucional (TC), que fue quien suspendió el 9-N el 4 de noviembre, cinco días antes.

Concretamente, Mas señaló que si el TC suspendió la pseudoconsulta, «por qué no hizo nada para impedirlo», en referencia a que las urnas no se tocaron. «Mi deber era que esa jornada se celebrara con normalidad democrática», y además recordó que nadie en la Fiscalía catalana observó delito en el 9-N, observación que más tarde fue corregida por el Ministerio Público estatal.

Mas, siempre desautorizando al TC y a la Fiscalía, aseguró que se quiso canalizar «el clamor popular» que pedía el «proceso participativo». Tras insistir el ex presidente en que el TC «no hizo nada para impedir la votación», Barrientos le recordó que el interrogatorio no lo hacía él.

«Quiero dejar claro que las directrices venían de la Presidencia de la Generalitat, y de mí mismo. Los otros miembros del Govern siguieron estas directrices. Esto afecta a Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs», también acusados en la causa, aunque este último caso lo investiga el Tribunal Supremo.

Para justificar la pseudoconsulta, Mas insistió varias veces en que «era un mandato del Parlamento catalán», que cuenta con una mayoría soberanista.

También dijo que se intentó un referéndum pactado con el Gobierno, pero que no se llevó a cabo. Al igual que su ex vicepresidenta, Joana Ortega, Mas elogió la labor de los aproximadamente 42.000 voluntarios que «trabajaron» el 9–N de 2014. De este modo, exculpó de toda «culpabilidad» a la Administración, con el argumento de que casi todo fue realizado por los voluntarios.

El ex presidente de la Generalitat comentó también cómo se comunicó la suspensión por parte del Tribunal Constitucional el 4 de noviembre, y, según dijo, fue vía e-mail. «Las garantías estaban, pero decidimos cambiar el formato», añadió, lo que de nuevo remitió a los miles de voluntarios.

No obstante, pese a la suspensión del Tribunal Constitucional cinco días antes de la pseudoconsulta, la Generalitat hizo caso omiso del aviso. Es decir, que el Gobierno catalán, de nuevo, desobedeció toda sentencia judicial –ha sucedido en numerosas ocasiones en ámbitos lingüísticos– y siguió adelante con su «proceso participativo».

Artur Mas puntualizó que desde un principio se dijo que la consulta no iba a ser vinculante ni tener consecuencias jurídicas, por lo que después se convocaron unas elecciones autonómicas para saber la posición de los catalanes, lo que supuso en el Parlamento «una mayoría a favor de la independencia de Cataluña».

Respecto a las valoraciones de la consulta, resaltó que la junta de fiscales de Cataluña consideró que no había indicios de delito y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaró públicamente el 8 de noviembre que lo que se iba a celebrar al día siguiente no era un referéndum ni nada que se le pareciese y que no tenía ningún efecto.

Por eso, el abogado de Mas insistió en pedir que Rajoy y el ministro de Justicia declaren en este juicio y que se sume a la causa este informe de los fiscales catalanes, pero el tribunal rechazó esta pretensión después de oponerse también la Fiscalía.

Artur Mas llegó a la sede del TSJC acompañado de miles de cargos públicos, incluyendo numerosos alcaldes y miembros de la Generalitat.